Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
Víctimas de la contaminación por crudo iraní en Quintero y Puchuncaví solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores sumarse a una denuncia. Tras la absolución de ejecutivos de ENAP por la emergencia ambiental del 2018, se presentó una nueva querella por hechos en la Refinería Aconcagua.
Un grupo de víctimas de la contaminación por crudo iraní ocurrida en Quintero y Puchuncaví -en la región de Valparaíso- en 2018 llegaron hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de solicitar al titular de la certera, Francisco Perez Mackenna, que se sume a una denuncia y abra una mesa de conciliación y solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lo anterior, luego de que el Estado no respondiera a la Comisión en el plazo establecido, el que exigía antes del 13 de julio un pronunciamiento por parte de Cancillería ante una presunta vulneración de los derechos a la vida, salud e integridad personal.
Cabe recordar que son 1.034 las personas que están agrupadas en una mesa coordinadora,a las cuales son representadas por el abogado Remberto Valdes.
En busca de reponsabilidades, la causa avanzó en 2023 con la condena de 3 ejecutivos de ENAP acusados de causar la emergencia ambiental, quienes fueron absueltos el 2024 tras un recurso de nulidad.
A esto se suma, según los antecedentes entregados por el abogado, una nueva querella por hechos ambientales registrados durante este año en la Refinería Aconcagua, que fue admitida a tramitación por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.
En una carta, también cuestionan las contradicciones entre el avance de la causa penal y el trato del caso por parte del Ejecutivo, señalando que “resulta jurídicamente contradictorio que el Estado pretenda defender en la sede internacional una impunidad que sus propios órganos de persecución rechazan. Tanto el Ministerio Público (MP) como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) actuaron como partes acusadoras contra la cadena de mando de ENAP en los tribunales chilenos, sosteniendo la existencia de la conducta negligente y la propagación de contaminantes”.
Segun la coordinadora de los afectados, Olga Garri, las afectaciones se mantienen a la fecha, sumado a los 17 fallecidos que -afirma- son por enfermedades causadas por la contaminación, indicando que también existen víctimas con problemas de salud mental.
Con respecto a la absolución de los tres ejecutivos de ENAP apuntados como responsables del episodio de contaminación, las víctimas y su representante acusan fallas éticas por parte de los integrantes de la sala penal de la Corte Suprema, quienes absolvieron por 3 votos contra 2 a los ejecutivos.
Los afectados plantean reparos respecto de la actuación de la abogada integrante de la Sala Penal y redactora del fallo, Pía Tavolari, a quien acusan de haber omitido declarar participaciones que, según los denunciantes, constituían conflictos de interés.
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