Abogado Felipe Olea y megaincendio de Valparaíso: "Van a caer más personeros de Conaf"

El Juzgado de Garantía de Valparaíso formalizó a dos exaltos mandos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), específicamente por cuasidelito de homicidio en el contexto del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 que dejó 138 víctimas fatales.

La Fiscalía sostuvo que ambos exfuncionarios ,J.T.A.H y L.A.C.J, incumplieron el deber de emitir oportunamente las alertas técnicas que permitían activar el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), herramienta considerada clave para iniciar la evacuación de la población frente al avance del fuego.

El tribunal les impuso arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de contacto con los testigos, fijando un plazo de 180 días para continuar con las diligencias de investigación.

Desde la parte querellante se ha valorado que por primera vez se atribuye responsabilidad penal a autoridades técnicas, pero se insistió en que la investigación debe extenderse hacia las autoridades políticas que tenían responsabilidades durante la emergencia. Además, se advirtió que si ello no ocurre, se solicitará al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la reasignación de la investigación a otra región del país.

Felipe Olea, abogado representante de más de 60 familiares de las víctimas del mega incendio, conversó con Radio Bío Bío sobre los alcances de esta formalización y los pasos que siguen en la búsqueda de justicia.

—¿Cómo tomaron la noticia de lo que el tribunal dictaminó el lunes?

Para las personas es difícil pedirles conformidad y esperanza, cuando en realidad ha costado tanto hacer justicia. Lo cierto es que este proceso ha avanzado mucho más rápido que muchos en nuestro país, pero aún así estamos lejos de que los verdaderos responsables paguen en este caso por las muertes de estas personas, por la destrucción de la ciudad que significó este incendio.

—¿Ustedes creen que de haberse emitido oportunamente la alerta a tiempo se hubiesen salvado vidas, se hubiesen salvado casas, hubiésemos tenido otra situación y no 138 muertos?

Para todos es prácticamente una certeza que de haber recibido las alarmas a tiempo, se podrían haber generado evacuaciones que no ocurrieron. Muchas de las personas murieron arrancando, murieron atrapadas, murieron en los tacos que se formaron por los vehículos, murieron por la inhalación del humo. Pero si se hubiese contado con esa hora, con esos casi 60 minutos en que pudieron haber llegado las alarmas con anterioridad, desde luego que podría haberse desarrollado una evacuación que hubiese salvado vidas.

—¿La resolución del tribunal confirma que existieron fallas graves en la gestión de la emergencia?

Acá siempre ha habido tres niveles de responsabilidades. El primero, todos lo sabemos, está radicado en las nueve personas que ya se encuentran detenidas y acusadas por haber iniciado el fuego. El lunes fueron formalizadas dos autoridades técnicas, el director del Departamento del Fuego y quien tuvo a cargo la gestión del control de este megaincendio. Lo cierto es que la responsabilidad de ellos radica en su actuar, que nosotros decimos que no fue un error, sino que fue algo voluntario, permitieron que este incendio creciera y creciera, porque en el fondo había una ganancia económica a partir de que este incendio creciera. Por eso nosotros insistimos que acá existe un cartel del fuego, porque a mayor fuego, ganan más. Por eso decimos que no fue un error, sino que fue algo voluntario, porque mientras más crecía el fuego, mientras mayor era la emergencia, más ganaban económicamente. Ese es el segundo nivel de responsabilidad.

—En todas las décadas anteriores no habían llegado estos incendios hasta el radio urbano. ¿Qué fue lo que hubo distinto ese 2 y 3 de febrero?

Lo distinto estuvo en la negligencia de las autoridades políticas que tienen que responder penalmente, como personas naturales. Ese es el tercer nivel de responsabilidad. Si este incendio se desbordó y llegó al radio urbano, no fue solo porque los dos que fueron imputados el lunes decidieron que este incendio creciera, sino que fue también porque no estaban las medidas de contención, porque no se ejecutaron los planes, porque no se habían limpiado las quebradas, todo lo que se hacía antes. Esta vez no se hizo y entonces creó un caldo de cultivo perfecto para que el fuego se propagara y se transformara en el incendio urbano más grande de la historia de nuestro país.

Solicitud de intervención del Ministerio de Agricultura

—Ustedes están haciendo un requerimiento al Ministerio de Agricultura para que uno de los formalizados que sigue en funciones sea removido. ¿En qué consiste esa solicitud?

Le solicitamos formalmente al Seremi de Agricultura que eleve hasta el Ministro una presentación para revisar la calidad contractual que tiene el señor Luis Correa Jiménez, actualmente con la Conaf. Una persona que está formalizada por hechos tan terribles no debería seguir prestando servicios para la institución. Queremos saber si efectivamente él va a seguir contratado a pesar de tener esta grave imputación. También queremos saber si la institución va a realizar las investigaciones internas para establecer la eventual responsabilidad laboral y administrativa.

—¿Cómo responde al argumento de la defensa que sostuvo que el incendio había sido un evento imprevisible y excepcional?

Al demandar civilmente, el propio Estado reconoció que esto no fue imprevisible. Es verdad que el incendio terminó siendo uno de décima generación, gigante, tremendo, pero partió siendo un incendio de primera generación. Hubo alguien que permitió que ese incendio creciera. Si se hubiese limitado y contenido en la zona de Peñuelas, nunca habría llegado al radio urbano. Se dieron todas las condiciones funestas para que esto sucediera: no estaba la alarma a tiempo, no estaba la delegada titular, quien estaba ejerciendo el cargo no tomó las mejores decisiones, no se le informó de la mejor manera. Al final son muchos los involucrados.

—¿Creen que pueden caer más funcionarios de Conaf en esta investigación?

Creemos que van a caer más personeros de Conaf. Hay una denuncia de que ellos intentaron alterar las bitácoras de acción de vuelo de los aviones, de los helicópteros, porque intentaron tapar esta tragedia. Por lo mismo es necesario que el Ministerio de Agricultura intervenga a Conaf. Por lo que hemos visto, Conaf sigue siendo el mismo desaguisado. En marzo de este año, cuando ocurrieron los graves incendios del sur, le puedo asegurar que pasó lo mismo que ocurrió acá en Valparaíso: había personas que tenían el incentivo de que esa tragedia se agrandara porque mientras más grande los incendios, más plata en el pago de horas extras. ¿Cómo puede ser que el incentivo sea que el incendio crezca? El incentivo debiera ser contrario.

La responsabilidad política pendiente

—Cuando hablamos del cartel del fuego, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?

Solo piense que el señor Correa Jiménez, antes de ser el comandante de incidentes de la tragedia ese día, estuvo a cargo de las contrataciones, algunas directas, de todos los equipos de emergencia, ya sean materiales o personal humano. Eso se tiene que investigar porque ¿cuál era el incentivo que tenía el señor Correa y otros más? ¿Era que el incendio creciera?

—Ese día 2 de febrero, 5 minutos para las 12, Olaya, auditora de Bio Bio, llamó por teléfono, con fotografía incluida, y nos mostró el primer foco y luego el segundo foco. Lo contamos al aire. Y yo, personalmente, con una llamada que está registrada llamé a CONAF para advertirle del incendio. Uno se pregunta ¿Para qué existe ese teléfono?¿Qué faltó ese día en la gestión de la emergencia?

Faltó liderazgo, faltó la presencia de todos estos políticos que hoy ocupan cargos importantes en nuestra región. El Jardín Botánico, a pesar de que lamentamos el fallecimiento de la familia que trabajaba y vivía allí, evacuó a todas las personas que estaban de visita a tiempo. Si el señor Peirano, del Jardín Botánico, pudo evacuar a la gente, ¿por qué no se pudo en el resto?.

Hace unos días atrás escuchábamos a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, diciendo que era una desubicación que el gobierno siguiera insistiendo en tramitar la Ley de Reconstrucción, porque el país estaba enfrentando graves consecuencias a raíz del temporal. Yo le encontré toda la razón, el problema es que yo nunca he escuchado un mea culpa de la alcaldesa Ripamonti frente a 138 muertes del megaincendio. O sea, nadie sabe dónde estuvo ella ese día, nunca nos ha dicho. A las 14:30 horas de ese día la delegada subrogante decía desde la Ruta 68 que el fuego no iba a alcanzar las casas. Acá todavía falta mucho paño que cortar, muchas cortinas que correr. Ese día vivimos una serie de negligencias y nadie se ha hecho cargo de eso.

—¿Cuál es el siguiente paso en la búsqueda de justicia?

Estamos hablando de tres caminos: los nueve que están en prisión preventiva que originaron el incendio, los funcionarios de Conaf que no activaron las alertas y permitieron que el fuego creciera, y finalmente las autoridades políticas que tenían responsabilidad en la gestión de la emergencia. Si la Fiscalía no avanza en investigar a las autoridades políticas, solicitaremos al Fiscal Nacional que reasigne la investigación a otra región del país. La investigación tiene 180 días, y en ese plazo esperamos que se esclarezcan todas las responsabilidades.