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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Expertos y autoridades de Valparaíso consideran la construcción de una nueva cárcel como solución a la sobrepoblación penal y déficit infraestructural. Se destaca la necesidad de ubicar el recinto fuera de áreas urbanas para garantizar seguridad y minimizar impacto en desarrollo habitacional.

La posibilidad de construir una nueva cárcel en la región de Valparaíso vuelve a instalarse como una alternativa para enfrentar la sobrepoblación penal y el déficit de infraestructura penitenciaria.

Especialistas coincidieron en que ampliar la capacidad carcelaria es una necesidad, aunque advirtieron que un eventual recinto debe emplazarse fuera de los radios urbanos, con condiciones que garanticen la seguridad y minimicen su impacto sobre el desarrollo habitacional.

El arquitecto y decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, Ricardo Abuauad, sostuvo que el país requiere aumentar su capacidad penitenciaria, especialmente en recintos de alta seguridad.

Sin embargo, planteó que estos proyectos deben ubicarse en sectores extraurbanos, con áreas de resguardo que permitan un adecuado control del recinto y eviten afectar la calidad del entorno.

En ese contexto, recalcó que San Antonio podría ser una alternativa viable, siempre que el proyecto se desarrolle fuera del radio urbano y cumpla con las exigencias de seguridad y conectividad necesarias para su funcionamiento.

El debate se produce luego de que la Delegación Presidencial Regional señalara que San Antonio aparece como la principal opción para levantar un nuevo recinto penal.

El delegado presidencial, Manuel Millones, argumentó que la decisión responde al hacinamiento existente y a las deficientes condiciones de la actual cárcel de la comuna, ubicada bajo la cota de inundación.

Por su parte, Pablo Torres, director regional de Gendarmería, también reconoció el problema, indicando que actualmente se aplican estrategias para redistribuir a la población penal hacia recintos con mejores condiciones de seguridad.

Además, la Delegación Presidencial Regional resaltó que la iniciativa busca mejorar las condiciones para la reinserción social de las personas privadas de libertad y compatibilizar el desarrollo penitenciario con otras inversiones estratégicas para la provincia, como las vinculadas al ámbito portuario.