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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Un profesor en prisión preventiva acusado de delitos sexuales contra menores en Nogales, Valparaíso. El docente formalizado por estupro, almacenamiento de material pornográfico y abuso sexual sin contacto, habría atacado a un estudiante de 16 años y se le incautó pornografía infantil. La Fiscalía investiga víctimas no identificadas, solicitando la medida cautelar por peligro para la sociedad.

En prisión preventiva quedó un profesor acusado de delitos sexuales cometidos contra menores de edad en Nogales, en la región de Valparaíso. La Fiscalía informó que habría víctimas no identificadas.

Se trata de un docente que se desempeñaba en un establecimiento educacional en la población Los Almendros y que fue formalizado por dos delitos de estupro en contra de una víctima de 16 años, dos delitos de almacenamiento de material pornográfico y un delito de abuso sexual sin contacto.

Víctimas no identificadas

El fiscal de La Calera, Hugo Arismendi, informó que los primeros hechos investigados ocurrieron en agosto de 2024, cuando el imputado cometió dos delitos de estupro respecto a un estudiante de 16 años del mismo colegio.

Además, el 15 de julio de este año se le incautó una gran cantidad de material pornográfico infantil. Por ello, en la formalización se sumaron dos delitos de almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil, ocurridos en septiembre de 2024.

También se sumó el delito de abuso sexual sin contacto, toda vez que en las imágenes incautadas de su domicilio aparecían menores de edad siendo abusados por el imputado.

El persecutor explicó que en el caso de este último ilícito las víctimas todavía no han sido identificadas.

“Entendida la gravedad de los delitos, la pena asignada y los bienes jurídicos afectados, la Fiscalía pidió la medida cautelar de prisión preventiva, lo que fue acogido por el Juzgado de Garantía de La Calera”, detalló el fiscal Arismendi.

El tribunal tuvo en consideración que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas.

Para el desarrollo de la investigación se fijó un plazo de 120 días.