Gobierno deja abierta la posibilidad de retirar nombramiento de Zaliasnik en caso de ser formalizado

El gobierno ha optado por una estrategia de cautela ante la investigación de Fiscalía que recae sobre el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, a raíz de sus conversaciones con el abogado e imputado por el caso Audio, Luis Hermosilla.

Pese a la indagatoria, La Moneda respaldó el nombramiento en más de una ocasión, marcando así una notoria diferencia con el gobierno del expresidente Gabriel Boric, que durante su administración impulsó el denominado “criterio Tohá”, una política que estipulaba la salida de cualquier autoridad que fuese formalizada.

En el Ejecutivo han señalado que no se regirán por una regla única, es decir, que una persona puede salir del cargo solo con una denuncia, otro cuando se inicia una investigación y otros en la previa de una formalización.

Fue durante la jornada de ayer martes que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, cerró la puerta a establecer un criterio y afirmó que será el Presidente de la República el que tendrá la última palabra en estas situaciones.

Hoy el ministro de la Segpres, José García Ruminot, marcó otro tono. En conversación con ADN, el secretario de Estado dijo que hay que hacer una distinción entre quienes son investigados, porque todos pueden ser objeto de un proceso y eso no significa que haya culpabilidad, y quienes son formalizados.

“A manera personal, haría una distinción. Una cosa es que la persona sea investigada, sea objeto de una investigación, y otra cosa distinta es que llegue a ser formalizado”, dijo.

Pese a esto, abordó una eventual formalización y fue enfático en su postura. “En mi opinión, no debiera seguir”, dijo en ese caso. Sin embargo, complementó que podría existir una excepción si “las pruebas sean muy débiles”.

Sigue polémica por ratificación de embajador Zaliasnik

Desde la oposición, el diputado Daniel Manouchehri (PS), uno de los que ingresó la denuncia contra el embajador, dijo que es incomprensible que el gobierno sepa que hay antecedentes que podrían ser constitutivos de delitos y, aún así, lo ratifique.

En el Partido Nacional Libertario (PNL), en tanto, consideran que el debate no debería quedar sujeto exclusivamente a la evaluación de cada caso.

El vicepresidente de los Libertarios, Hans Marowski, aseguró que sería una buena señal que el Ejecutivo estableciera un criterio general, tanto para dar certezas a la ciudadanía como para resguardar la credibilidad de las instituciones frente a situaciones que involucran a altas autoridades.

También fue crítica la postura de la Asociación de Diplomáticos de Carrera (ADICA). Esto, sobre todo considerando que el propio Colegio de Abogados dio curso a una investigación por eventual infracción al Código de Ética de parte del embajador.

Sebastián Lorenzini, presidente de ADICA, dijo que quienes ejercen funciones diplomáticas deben tener una carrera que se ciña a los principios de probidad, transparencia y respeto irrestricto al Estado de Derecho.

En La Moneda insisten en que “no basta una sola denuncia para retrotraer el nombramiento del embajador y quedará a criterio del Presidente cómo proceder en el caso”.