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La transformación digital del Servicio de Impuestos Internos (SII)cambió la manera de fiscalizar y tuvo una incidencia directa en la relación de los contribuyentes con la administración tributaria. A partir de ahí, los cruces de información permitieron hacer en horas análisis que antes requerían un enorme trabajo. Para quienes llevamos años vinculados al sistema tributario, reconocemos y valoramos este avance. Sin embargo, cabe hacerse una pregunta incómoda: ¿Qué ocurre cuando la capacidad para detectar diferencias avanza más rápido que la capacidad para determinar si esas diferencias constituyen realmente un incumplimiento?.
Un buen ejemplo de ello son las liquidaciones centralizadas, herramienta de fiscalización que tiene el SII, para apoyarse en el análisis y cruce masivo de información, lo que permite detectar diferencias tributarias y determinar eventuales impuestos adeudados.
No surgen de la nada ni son el primer contacto con el contribuyente. Antes, existen cruces, observaciones, reprocesos, posibilidades de rectificación y, cuando corresponde, una citación para aportar antecedentes. Pero esas etapas no garantizan la corrección del resultado.
En la Defensoría del Contribuyente hemos conocido actuaciones originadas en procesos masivos que, aportados nuevos antecedentes o ejercidos los mecanismos legales, han debido ser modificadas o dejadas sin efecto. Esos casos no descalifican la fiscalización masiva, es información que debiera aprovecharse.
Una inconsistencia no es necesariamente un incumplimiento. Puede existir un error en información de terceros, un problema de registro, un antecedente no considerado o una situación que exige mirar más que el cruce inicial. Parece obvio, pero ahí se juega buena parte de la calidad de una fiscalización masiva.
Por eso importa lo que el sistema aprende de los casos corregidos. Si una observación, citación o liquidación se modifica al incorporar determinados antecedentes, ese resultado debiera retroalimentar procesos futuros. Identificar patrones evitaría que otros contribuyentes recorran el mismo camino. La tecnología que sirve para detectar también debiera servir para aprender.
Hay otra cuestión que distintos profesionales han levantado: la transparencia y la explicabilidad. No se trata de conocer el código informático ni de desconocer las reservas legales. Se trata de que el contribuyente entienda qué inconsistencia se le atribuye, de qué información surge, cuáles son los criterios relevantes y qué debe aportar para aclararla. Si subsiste una diferencia de impuestos, debe poder comprender el por qué y si resulta de aplicar la ley a los hechos establecidos.
Detrás de una liquidación no hay solo datos. Hay una persona o empresa que debe decidir qué hacer, muchas veces con plazos corriendo y consecuencias jurídicas y económicas relevantes. Si los procesos automatizados inciden cada vez más en estas actuaciones, los controles, la trazabilidad, la revisión y la explicación tienen que estar a la altura. La responsabilidad administrativa no se automatiza.
Desde la Defensoría tenemos algo concreto que aportar. Los casos que conocemos muestran dónde se producen dificultades, qué antecedentes resultan decisivos y qué problemas comienzan a repetirse. Sistematizar esa experiencia puede ayudar a mejorar los procesos del SII, y también nuestras herramientas de orientación y defensa.
Y hay un asunto menos tecnológico, pero igual de importante: el lenguaje. Quienes trabajamos en materia tributaria podemos olvidar lo difícil que resulta entender una observación redactada desde la lógica interna de la administración. Explicar qué diferencia se detectó, de dónde viene y qué debe hacerse para aclararla es parte de una buena administración y del respeto de los derechos del contribuyente.
La discusión no debiera reducirse a estar a favor o en contra de las liquidaciones centralizadas. El SII y la Defensoría tienen roles muy distintos, y es bueno que así sea. Desde esas posiciones podemos contribuir a una fiscalización exigente cuando corresponde, pero también precisa, comprensible, capaz de aprender de su experiencia y respetuosa de los derechos. Ese, más que simplemente automatizar, me parece el siguiente paso de la fiscalización digital.
