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A 27 días de que venza el plazo otorgado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para habilitar albergues y desalojar la toma del Cerro Centinela en San Antonio, la incertidumbre persiste. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, afirma que se respetará la orden judicial, pero se busca evitar el desalojo por ser de "alto riesgo". El Gobernador Regional señala problemas logísticos y un operativo de hasta 1 año.
A 27 días de que finalice el plazo entregado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso a las autoridades para que habiliten los albergues correspondientes y de esta manera, concretar el desalojo de las más de 10 mil personas que habitan en la toma del Cerro Centinela de San Antonio; continúa la incertidumbre en relación con el respeto del fallo judicial que ordena la expulsión de los ocupantes del terreno.
Durante esta jornada, el ministro de Vivienda de Urbanismo, Carlos Montes, aseguró que el gobierno respetará la orden emanada por la Corte, sin embargo, el secretario de estado afirmó que se mantienen trabajando para evitar hasta el último momento el desalojo, debido a que según su criterio, el proceso de expulsión de las de 4 mil familias sería de “alto riesgo”.
Por su parte, el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, aseguró que el proceso del eventual desalojo, tendría serios problemas logísticos debido a alta cantidad de funcionarios de Carabineros que necesitaría, considerando que déficit de dotación policial que posee la región.
Mundaca, señaló que de acuerdo a las actuales condiciones, el operativo de expulsión podría tardar cerca de 1 año.
Respecto a las declaraciones del ministro Montes, es importante señalar que los dueños del terreno donde está ubicada la megatoma, la inmobiliaria San Antonio, se han negado a cualquier tipo de conciliación, una vez que se cayó la mesa de negociación con el Gobierno para comprar el terreno.
Asegurando que cualquier tipo de mediación por parte de los ocupantes es de carácter ilegal.
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