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La abogada de la familia de Alejandro Correa, Jeanette Bruna, calificó como "complejo" el anuncio del Ministerio de Vivienda de demoler la toma Calicheros en Quilpué en septiembre, debido a posibles dificultades legales. Expertos advierten que los dueños del terreno podrían solicitar desacato por la demora en ejecutar la orden judicial. Tras una mesa de trabajo, se esperaba la demolición para septiembre, pero la abogada Bruna solicitó fecha exacta, considerando que la mesa se formó recientemente.
La abogada de la familia de Alejandro Correa, Jeanette Bruna, afirmó que es “complejo” que la demolición de la toma Calicheros en Quilpué —en la región de Valparaíso— se realice en septiembre, tal como lo anunció el Ministerio de Vivienda.
Expertos señalan que los dueños del terreno podrían estar en posición de solicitar que se decrete el desacato por parte de los órganos del Estado, ante la tardanza en la ejecución de la orden judicial.
Las dudas de la abogada surgen porque el pasado viernes 29 de agosto se conformó una mesa de trabajo entre el Servicio de Vivienda y Urbanización y la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, con la finalidad de ejecutar la demolición de la toma Calicheros, cuyo terreno le pertenece a la familia del empresario víctima de sicariato.
En ese contexto, la seremi de Vivienda, Belén Paredes, afirmó que la demolición se ejecutaría en septiembre.
Sobre ese plazo, la abogada Jeannette Bruna, que representa a la familia Correa, calificó de “complejo” que el procedimiento se lleve a cabo, considerando que recién la mesa para esos fines comenzó a fines de agosto.
Por ello, Bruna le escribió directamente a la seremi Paredes para conocer la fecha exacta en que se ejecutará la demolición de la ocupación ilegal.
Debido a que ha pasado más de un año de la orden que emitió la Corte de Apelaciones para la demolición de las viviendas construidas, el abogado penalista Cristian Canifrou indicó que la familia Correa podría solicitar que se decrete el desacato por parte de los órganos del Estado.
Fue en agosto del año pasado que la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió demoler la toma emplazada en el terreno del empresario asesinado por el sicariato en 2020, en respuesta a un recurso de protección presentado por la familia afectada.
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