Decretan que demolición de toma Calicheros de Quilpué se realice en septiembre

A un año de la orden de demolición emanada desde la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la toma Calicheros, ubicada en la comuna de Quilpué, estaría llegando a su fin.

Y es que tras el anuncio entregado por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la mesa técnica conformada con la Delegación Presidencial Regional decretó que en septiembre se debe ejecutar la medida.

Eso sí, la familia de Alejandro Correa, empresario asesinado en 2020 a las afueras de su domicilio en Concón y dueño de los terrenos en donde se emplaza la toma, manifestó no contar con una notificación oficial por parte del Minvu.

Al respecto, Jeanette Bruna, abogada de la familia de la víctima, solicitó un documento oficial sobre la medida decretada por la cartera, ya que buscan poder avanzar en otros trámites para impedir una nueva toma ilegal.

“No tenemos ninguna notificación oficial, por lo cual solicitamos al Minvu que se nos notifique el día y hora de la demolición para poder preparar los demás trámites anexos que impliquen proteger el terreno de cualquier nueva usurpación”, comentó.

Por su parte, la seremi de Vivienda y Urbanismo en Valparaíso, Belén Paredes, adelantó que se están haciendo las gestiones para realizar el desalojo y demolición las primeras semanas de septiembre.

“Estamos haciendo todas las acciones que nos corresponden para ejecutar la medida de la demolición. Esto supone que en el corto plazo vamos a hacerla efectiva, como nos ha ordenado la Corte”, expresó.

Alcaldesa de Quilpué acusa al Minvu de “eludir responsabilidades” por desalojo de tomo calicheros

Por último, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, recurrió a la Contraloría Regional de Valparaíso acusando al Minvu de “eludir sus responsabilidades”.

“Hemos recurrido nuevamente a la Contraloría Regional porque resulta inaceptable que no entreguen el catastro al Delegado Presidencial Provincial y pretendan que la Municipalidad de Quilpué asuma una tarea que corresponde al Ministerio de Vivienda desde hace mucho rato”, dijo.

“Es inadmisible que a más de un año de una sentencia firme de la Corte de Apelaciones, el Estado persista en eludir su obligación de ejecutar una demolición ordenada legalmente”, cerró.