Un funcionario con 37 años de antigüedad de la Municipalidad de Viña del Mar, acusó ante la Justicia a la alcaldesa Ripamonti de impedirle un ascenso que por ley le correspondería. En ese sentido, presentó un recurso de protección en contra de la jefa comunal ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Un recurso de protección presentó ante la Corte de Apelaciones un funcionario municipal de Viña del Mar en la región de Valparaíso. El recurrente acusa a la alcaldesa Macarena Ripamonti de intervenir en su ascenso y negarle su derecho a asumir la dirección del área de operaciones del municipio.

El trabajador, que desde 1985 presta servicios a la casa edilicia, aseguró que pese a tener las condiciones fue removido a un cargo menor.

Se trata de Jorge Cafena, funcionario municipal de Viña del Mar que denunció a la alcaldesa Ripamonti de obstruir su carrera dentro de la Municipalidad.

Según se detalla en el recurso de protección presentado ante la Justicia, el funcionario fue removido de la dirección del área de seguridad pública al inicio de la administración de la actual jefa comunal.

Con ello, fue destinado al departamento de mantención y reparación de vehículos de maquinaria pesada, al interior del área de operaciones, desde donde fue nuevamente reubicado “para que no asumiera dicha dirección el pasado 4 de octubre”, según aseguró Cafena.

“(…)No podría decir que es una persecución política, diría que es una persecución laboral”, afirmó.

El abogado de Jorge Cafena, Felipe Olea, se refirió a lo que buscan obtener con esta acción judicial.

“Con esta acción, buscamos que la Corte de Apelaciones restablezca el imperio del derecho, ordenando a la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti a respetar el estatuto administrativo municipal, que desde luego con estas acciones ha torcido de manera arbitraria e ilegal, evitando que un funcionario de carrera ascienda a un cargo que por mandato de la ley le corresponde”, sentenció.

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Respuesta de la Municipalidad

Frente a la denuncia, desde la Municipalidad señalaron que tienen un trabajo igualitario para trabajador, por lo que no pueden existir tratos privilegiados. “Todos están sujetos a evaluación de competencias, cumplimiento de las responsabilidades funcionarias, y sobre todo, probidad y transparencia”.

Además, agregaron que “respetan el derecho a la defensa y a las acciones que cualquier trabajador pueda ejercer, ya que la administración se rige rigurosamente por el cumplimiento de la Ley, por lo que serán los tribunales de Justicia y la Contraloría los que juzgarán, conforme a la evidencia”.