Uno de los imputados por el ataque explosivo contra el expresidente de Santiago Wanderers, enfrentará un juicio oral y arriesga hasta 15 años de cárcel, luego que se rechazara un procedimiento abreviado. El afectado, Rafael González, dijo que hechos como el cometido en su contra "no se pueden aceptar en una sociedad civilizada".

El Juzgado de Garantía de Valparaíso rechazó la solicitud de un procedimiento abreviado para uno de los dos imputados por la activación de un artefacto explosivo frente a la casa del expresidente de Santiago Wanderers, Rafael González.

Ambos acusados ahora deberán enfrentar un juicio oral, en el cual arriesgan penas de hasta 15 años de cárcel.

El hecho ocurrió en mayo de 2020, cuando de acuerdo al Ministerio Público, un total de nueve personas, en dos vehículos particulares, acudieron hasta la casa de Rafael González.

El fiscal, Pablo Avendaño, precisó que se pudo identificar a dos hombres que participaron en el lanzamiento de un artefacto explosivo, el cual provocó daños menores e incluso generó un amago de incendio en el frontis del domicilio, ubicado en el Cerro Las Perdices.

Si bien existía un acuerdo previo entre la Fiscalía y la defensa de un imputado, en que éste aceptaba su responsabilidad y no arriesgaba penas de cárcel, el querellante del caso se opuso rotundamente.

Felipe Olea, abogado representante del expresidente del club porteño, expresó su intención de que ambos sean condenados a prisión efectiva. “Este delito se realizó por medio de generar un incendio, actuar de noche, y también magistrado, cometer este delito motivado por la ideología, o simplemente opinión, diferencias futbolísticas, en donde estaríamos frente prácticamente a un delito de carácter de odio”, enfatizó el querellante.

En una línea similar se manifestó el mismo expresidente de Santiago Wanderers, Rafael González.

“Situaciones como esta, por más que puedan emanar de un sentimiento de desconformidad por un resultado deportivo, no se pueden aceptar en una sociedad civilizada”, indicó González.

Finalmente, la magistrada Marisol González rechazó el procedimiento abreviado, argumentando que la Fiscalía planteó una calificación jurídica distinta en torno a la Ley de Control de Armas y Explosivos, lo que no fue compartido por el querellante.

Así, ambos imputados -de los cuales ninguno se encuentra en prisión preventiva- enfrentarán un juicio oral en el que arriesgan penas de hasta 15 años de cárcel.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)