El Consejo Regional de Valparaíso esta definiendo quienes conformarán la comisión de fiscalización para indagar y establecer el presunto sobreprecio de cajas de alimentos, cuyo costó reflejó un 57% de diferencia entre las cotizaciones y lo que finalmente se canceló. Cifra que sobrepasa los mil millones de pesos, según lo informado por Contraloría.
Varias interrogantes se han instalado a propósito de la entrega de cajas de alimentos para las familias mas vulnerables que se han visto afectadas con la crisis económica derivada del Coronavirus.
En primera instancia fue la Controlaría General de la República quienes detectaron que en 15 de las 16 regiones, se pagó un precio mayor al que fue fijado por el organismo, quienes cotizaron los mismos productos que contenían las cajas. En el caso de la región de Valparaíso, la diferencia es de un 57%, es decir el valor de referencia era de 22 mil y fracción, mientras que el valor cancelado por caja es de 35 mil pesos, entre 12 mil a 13 mil pesos de diferencia.
Es por esto que se conformará una comisión fiscalizadora para establecer si hubo o no sobreprecios. Así lo confirmó el presidente de la comisión, Miguel Pérez de Evopoli.
Ante esto, el Consejo Regional solicitó al Intendente transparentar esta situación e informar respecto del sobreprecio de productos que habría significado pagar casi 1.090 millones de pesos extras. Compra que se realizó a Central de Compras La Calera S.A, (Cencocal), cuyo representante legal es Alexis Chahuán Salah, y recibieron en total 3 mil millones de pesos por la compra total de la cajas, según consta en la Orden de Compra 878-96-SE20, emanada por la Intendencia de Valparaíso el 29 de mayo del 2020.
Sin embargo, la Consejera Regional del Frente Amplio, Tania Valenzuela, indicó que hasta ahora desde la Intendencia no se han pronunciado respecto a esta compleja situación detectada por Contraloría.
Por otro lado, existe la denuncia sobre las cajas abandonadas en la bodega Simón Bolívar en Valparaíso y que según ha establecido la municipalidad corresponden a mermas que fueron informadas a la Intendencia, desde donde negaron haber recibido esa información.
Ante esto, el Gobierno regional solicitó a la Contraloría indagar sobre eventuales irregularidades. Sin embargo el Diputado Andrés Celis, también pidió indagar sobre el mismo caso, eso sí estableciendo tanto a la Intendencia como al municipio como presuntos responsables, apuntando directamente a que se trata de un conflicto netamente político.
