El contralor general, Jorge Bermúdez, validó el informe elaborado por el órgano en la región de Valparaíso, que determinó que la inmobiliaria del Puerto SPA, a cargo del proyecto Parque Pümpin, no puede realizar trabajos pues el permiso correspondiente caducó.
Este jueves, se conoció que el contralor estableció que el permiso sería inválido, al pasar el plazo de tres años en que debía iniciar la construcción. Las obras ya habían sido congeladas por el alcalde Jorge Sharp.
La decisión final será tomada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en donde la inmobiliaria ya ingresó una serie de recursos de ilegalidad para frenar el accionar del municipio.
En tanto, Nicolás Guzmán, jefe jurídico de la Municipalidad de Valparaíso, recordó que se encuentran trabajando en los reclamos de ilegalidad que fueron presentados por la inmobiliaria.
El desacuerdo de fondo siempre ha sido la supuesta caducidad del permiso de construcción para el megaproyecto, pues se estimó que no se había dado inicio a las obras de 22 torres y de más de 10 hectáreas.
El anteproyecto fue entregado el 27 de agosto del 2013, un día después de que la administración de Jorge Castro publicara decreto postergando permisos de construcción. Así, se echó a andar un proceso que terminó con Jorge Sharp congelando la iniciativa.
Giannina Bocchi, abogada de la inmobiliaria, acusó una contradicción del alcalde Sharp, pues dijo que el proyecto se hizo válido sólo desde que apareció en el Diario Oficial el año pasado. Si eso es cierto, no han pasado los tres años que harían ilegal la obra.
En ese sentido, Bocchi dice que las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo: o Contraloría declara la invalidez del permiso de construcción o Sharp plantea que sólo es válido desde el año pasado.
Actualmente, la Corte de Apelaciones de Valparaíso tiene dos juicios pendientes por este caso en los que la inmobiliaria está cuestionando los actos de Jorge Sharp al congelar el permiso de construcción, en los que ya concluyó el período de pruebas.
El fiscal de la corte emitirá ahora un informe a los ministros del tribunal de alzada recomendando si acoger o no el recurso, una acción que tampoco es vinculante. Una vez definida la postura de los ministros, la causa puede comenzar a ser alegada.
La inmobiliaria reconoció que esperan alegar antes del término del 2018, con una respectiva sentencia durante el primer semestre del próximo año.