En una resolución firmada por el fiscal adjunto de Quintero, Mauricio Dunner Torres, se ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de la PDI tomar declaraciones a altos ejecutivos de AES Gener S.A. y Puerto Ventanas S.A., a los pescadores afectados, a funcionarios de la Armada, al Superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz, y a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Lo anterior debido a la querella que interpuso el abogado César Barra en representación de la directiva del Sindicato de Buzos Mariscadores, caleta El Papagayo, y que se complementó con una nueva denuncia, por otro episodio de contaminación ocurrido el pasado 19 de septiembre.
El jurista destacó la rapidéz en el actuar del Ministerio Público local que dictó estas diligencias a principios de septiembre y que hasta ahora se desconocían, con el objetivo de “citar a los testigos correspondientes (…) y así objetivamente se pueda determinar las responsabilidades en este caso de la empresa”.
Otra de las diligencias acogidas es la orden para que la PDI consiga copia de la investigación sumaria realizada por la Gobernación Marítima de Quintero, donde en el mes de junio, se estableció la sanción de 350 millones de pesos a la empresa AES Gener S.A. con motivo del derrame de carbón en la bahía.
Búsqueda de responsables
De acuerdo a lo señalado por César Barra a finales de agosto, la acción legal presentada por el Sindicato de Pescadores de la caleta Papagayo en Quintero busca que -a partir de la investigación- se establezca si “efectivamente hay responsabilidad penal”.
Asimismo, precisó que -en caso de existir dolo- apuntarán a que “se apliquen las sanciones que correspondan de acuerdo a la normativa”.
Según la Ley de Pesca, de existir intencionalidad en el acto, se podría sancionar con multas que van desde las 50 a 3.000 UTM, e incluso penas de presidio hasta los 5 años.
