Cerca de 13 mil personas que viven en campamentos en Chile no están consideradas por el Estado, de esas 1 de cada 4 vive en la región de Valparaíso, ante lo que el Gobierno de Sebastián Piñera comprometió actualizar las cifras a fin de año.
La fundación Techo advierte que el Estado no se ha hecho cargo ni de la solución habitacional, ni de las circunstancias que llevan a las familias a vivir en campamentos.
Dicha temática fue evaluada por la Comisión Especial del Senado, en un escenario actual donde las cifras arrojan que hay 38 mil familias y 632 asentamientos.
Entre procesos de regularización o reubicación de sus habitantes, el Estado se debate en una cruzada interminable por erradicar una problemática sin contar con cifras actuales.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo indicó en 2011 -último diagnóstico estatal de los campamentos- que sólo había 27 mil familias en esa situación, cifra que además de no ser precisa, ha guiado las políticas públicas en la materia por 7 años.
El último estudio de campamentación de la Fundación Techo, realizado en 2017, arrojó la presencia de 40.541 familias en 700 campamentos, la mayoría de alta densidad.
Por su parte, en la región hay 159 asentamientos, con 10.072 familias.
María José Gamboa, directora regional de la fundación, reconoció que han sido “el Pepe Grillo” del Estado los últimos años, y advirtió que algo igualmente importante en este tema es estudiar las circunstancias que llevan a una persona a vivir en campamentos.
Durante la tarde del miércoles se realizó la primera comisión en la Cámara Alta para tratar el tema.
En un tono más bien expositivo, los ministros de Vivienda y Bienes Nacionales, Cristian Monckeberg y Felipe Ward, diagnosticaron el crítico panorama actual.
El senador Francisco Chahuán realizó un balance del estado de los mayores campamentos de la región, que al mismo tiempo son los más grandes de Chile e indicó que es necesario encargarse de una necesidad que está “bajo la alfombra”.
El senador de Renovación Nacional, Kenneth Pugh, pidió elaborar un plan especial para la región.
Hablando de “nuestra clase media” como un segmento socioeconómico frágil, el parlamentario alertó sobre las condiciones que llevan a las personas a vivir en campamentos.
En su intervención, el senador Ricardo Lagos Weber planteó el problema de la Secretaría Ejecutiva de Aldeas y Campamentos, en la que se considera el aporte de dineros sólo a las familias catastradas, lo que quiere decir que cerca de 14 familias están fuera de la postulación.
Lagos Weber se reunió este jueves con los dirigentes del campamento Felipe Camiroaga, y pidió que el Estado realice obligatoriamente catastros bienales.
Miguel Torres, dirigente del asentamiento viñamarino, explicó la importancia de actualizar los instrumentos de medición para las personas que habitan en estos asentamientos.
La respuesta del Gobierno se vería en diciembre de 2018, mientras que la actualización del catastro de campamentos, -que permitiría ajustar el aporte presupuestario a la realidad- se encuentra actualmente en proceso de licitación.
Bienes Nacionales trabaja sobre la cesión o administración de terrenos de los campamentos, por lo que la seremi regional Rosario Pérez anunció que en el marco de la iniciativa ministerial, extenderán el convenio de uso de suelo del campamento Manuel Bustos.
Actualmente, el campamento Felipe Camiroaga se encuentra en una pugna permanente para electrificar y habilitar accesos en Viña del Mar, con el municipio de la ciudad jardín advirtiendo que el asentamiento interviene paños privados.
En Valparaíso, el intendente regional Jorge Martínez comprometió al municipio inyectar recursos para asfaltar 7 kilómetros de ruta que mejoren el acceso a los campamentos, considerando que en el pasado sistema frontal fue el principal problema de la comuna.
