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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Contraloría ordenó sumarios en las municipalidades de Nancagua y Doñique, en la región de O'Higgins, por irregularidades en pagos de terrenos por más de $100 millones no incorporados al patrimonio. En Nancagua se detectó la adquisición de un inmueble por $49 millones sin aprobación del Concejo ni inscripción, incumpliendo deberes del alcalde. En Doñique, pago de $60 millones por inmueble no inscrito ni con procedimientos adecuados.

La Contraloría ordenó el inicio de sumarios en las municipalidades de Nancagua y Doñique, en la región de O’Higgins, tras irregularidades detectadas en el pago de terrenos por más de $100 millones que no se incorporaron al patrimonio.

Tras una fiscalización, la Contraloría Regional de O’Higgins constató que la Municipalidad de Nancagua celebró un contrato de compraventa para adquirir un inmueble por $49 millones. No obstante, la operación no contó con la aprobación del Concejo Municipal para su adquisición, ni con un decreto alcaldicio, ni con el acto administrativo que ratificara la suscripción.

En el Informe de Investigación Especial N.º 260 de 2026, se detectó que el inmueble no fue inscrito a nombre de la casa edilicia en el respectivo Conservador de Bienes Raíces, por lo que el gasto realizado no se incorporó al patrimonio municipal. Además, se precisó que la situación transgrede el deber de resguardo que compete al alcalde en calidad de jefe superior del servicio.

Municipalidad de Doñihue

Lo mismo se constató en la Municipalidad de Doñique tras el pago de $60 millones por la supuesta adquisición de un inmueble, sin que el bien raíz haya sido inscrito a nombre de la casa edilicia y, por lo tanto, sin que se acreditara su incorporación al patrimonio municipal.

En ese caso, a su vez se advirtió en el Informe de Investigación Especial N.º 63 de 2026 que el municipio no cuenta con procedimientos específicos para la adquisición de bienes inmuebles. También se verificó la falta de tasación comercial, omisión de licitación pública y ausencia de un acto administrativo que aprobara la compraventa.

Con esa información, la Contraloría formuló reparos, a través de una demanda de juicio de cuenta, por el monto total de $109 millones a fin de obtener la restitución de dichos montos.

Junto con eso, ordenó a ambos municipios iniciar sumarios para determinar las eventuales responsabilidades administrativas y todos los antecedentes serán enviados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines que estimen pertinentes.