La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud) negó tajantemente que en el interior del tribunal de Rancagua existiera una red de encubrimiento al juez Luis Barría, acusado de acoso sexual. Desde el organismo gremial comunicaron que siguen respaldando a las funcionarias que han sido víctimas del magistrado.
El directorio de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud) reafirmó su “absoluto respaldo” a las funcionarias que denunciaron por abuso sexual al juez de garantía de Rancagua, Luis Barría.
El magistrado fue formalizado el pasado 9 de septiembre por los hechos acaecidos en agosto de 2018.
A través de un comunicado público, la Aprajud aseguró que cuando se hizo público lo sucedido, el ente gremial “se puso a disposición de las víctimas para dar toda la colaboración necesaria”. Esto, “con el fin de intentar suplir tan grave situación que las aqueja”.
En esa línea, apuntaron que de ser comprobadas las denuncias en un eventual juicio oral, la asociación “insiste en condenar los hechos que se le imputan al juez (…) los que ya fueron sancionados en un sumario administrativo”.
“Red de protección”
La Aprajud también se refirió a la demanda interpuesta por una jueza de Santiago que acusó una red de protección en el caso de Barría.
Respecto de este caso, el organismo gremial negó “tajantemente” lo denunciado por la magistrada.
“La jueza de Garantía que informó que habría demandado al Poder Judicial, está utilizando una tutela laboral como estrategia para intentar encubrir un grave error cometido en el ejercicio de su cargo”, explicó el presidente de la agrupación, Patricio Aguilar.
Desde la Aprajud indicaron que “se trata de una jueza que tiene una causa disciplinaria investigada por la Segunda Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Rancagua por acoso laboral”.
Así, Aguilar dijo que “la jueza se defiende de la causa disciplinaria haciendo una contradenuncia contra los jefes y las y los funcionarios del Tribunal, por acoso laboral, y además intenta responsabilizarlos por el error cometido por ella, por haber certificado el hecho de no constatar una orden de libertad a un imputado en el audio de la audiencia respectiva”.
Por ello, agregó que lo mencionado por la magistrada “sólo se trata de una mala estrategia de defensa judicial, utilizando la acción de tutela laboral, sin considerar el contexto del caso en particular, para cubrir una responsabilidad en la función de su cargo apuntando así a jefes, funcionarios y funcionarias con una carrera intachable”.
Además, el presidente de la APRAJUD apuntó que “es lamentable que la Asociación de Magistradas (MACHI) se preste para este tipo de estrategias para defender la equidad de género, perjudicando así a mujeres funcionarias de la administración del Poder Judicial”.
