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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Fiscalía de Punta Arenas formaliza a mujer por estafa inmobiliaria a sus suegros. Acusada de despojarlos de su vivienda mediante engaño, simuló contrato de arriendo que resultó ser una compraventa de 18 millones. Tras muerte del suegro, descubren propiedad a nombre de la nuera. Fiscalía logra medida cautelar sobre inmueble y 90 días de investigación.

Un insólito caso de fraude inmobiliario familiar quedó al descubierto en Punta Arenas, región de Magallanes, luego que la Fiscalía local formalizara a una mujer por el delito de estafa consumada tras ser acusada de despojar de manera engañosa a sus suegros de su vivienda.

De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, los hechos comenzaron a gestarse cuando la imputada llevó a los adultos mayores a una notaría local con el falso pretexto de que necesitaban firmar un contrato de arriendo para un trámite laboral.

Sin embargo, el documento real correspondía a una escritura pública de compraventa de la propiedad por un monto simulado de 18 millones de pesos, dinero que las víctimas jamás recibieron.

Cómo se descubrió la estafa en Punta Arenas

El millonario engaño se mantuvo oculto durante años y solo salió a la luz pública tras el fallecimiento del suegro de la imputada. Cuando la viuda y el hijo de la víctima intentaron realizar el trámite de posesión efectiva del inmueble, descubrieron con sorpresa que la vivienda ya estaba inscrita exclusivamente a nombre de la nuera en el Conservador de Bienes Raíces.

Al término de la audiencia de formalización, la fiscal a cargo del caso, Johana Irribarra, detalló el alcance de la sustracción patrimonial: “Se trata de una formalización donde una mujer se habría apropiado y comprado de mala forma un inmueble, perjudicando a los propietarios y herederos de forma engañada”.

A petición de la Fiscalía, el tribunal decretó una medida cautelar real sobre la propiedad, estableciendo la prohibición absoluta de celebrar actos y contratos o vender el inmueble.

La justicia determinó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación, periodo en el que además se indagará una presunta causa civil previa que mantendrían las partes afectadas.