Un llamado al presidente José Antonio Kast a revocar las pensiones de gracia a personas que estén vinculadas con delitos durante el “estallido social” realizó la bancada de diputados republicanos.
Lo anterior, fue presentado por las diputadas, Javiera Rodríguez, junto a Macarena Santelices y Valentina Becerra.
Esto, nace tras descubrirse el caso de Benjamín Huerta. El hombre en su momento contó con pensión de gracia otorgada en el gobierno anterior y fue revocada en enero.
Huerta volvió a ser noticia este año, cuando, estando en calidad de prófugo, fue detenido en un operativo antidrogas donde se incautaron 50 ampollas de fentanilo, marihuana y dinero en efectivo en la comuna de Ovalle.
A juicio de Rodríguez, existe un número no menor de beneficiados que “cuenta con antecedentes penales, otros son prófugos de la justicia por estafa, narcotraficantes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y robo con violencia”.
“Le pedimos al presidente Kast que revoque todas aquellas pensiones de gracia, donde muchos de los beneficiarios más bien se aprovecharon del pánico para cometer ilícitos, cometer actos vandálicos y enfrentarse a nuestras policías con total impunidad”.
Algo que fue respaldado por Santelices, quien además dijo que estas pensiones “le han significado al Estado miles de millones de pesos (…) que podrían haber sido utilizados de mejor manera, como por ejemplo avanzar en soluciones habitacionales, especialmente a víctimas de desastres naturales”.
Becerra por su parte, pidió al “Ejecutivo que le ponga urgencia a los distintos proyectos de ley que están en tramitación en el Congreso, que tienen como objetivo el prohibir el beneficio de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales”.
La solicitud fue ingresada recién este miércoles, por lo que habrá que esperar para ver la acogida que tenga en el Ejecutivo.