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La Contraloría General confirmó graves irregularidades en la compra de una casona para instalar un centro de "Mejor Niñez" en Magallanes, denunciando un posible conflicto de interés del Gobernador Regional Jorge Flies al adjudicar el trato directo. La vivienda se adquirió por $800 millones, y la mitad de este monto se utilizó para comprar un inmueble de la esposa de Flies. El diputado Alejandro Riquelme afirmó que el informe respalda las denuncias presentadas y podría iniciar acciones para solicitar la destitución del Gobernador.
La Contraloría General de la República confirmó, mediante un dictámen, “graves irregularidades” en la compra de una casona para instalar un centro de “Mejor Niñez” en Magallanes.
Esto, tras la denuncia realizada por diversas autoridades, donde acusaban presunto conflicto de interés del Gobernador Regional Jorge Filies al adjudicar este trato directo.
¿La razón? Según la denuncia la vivienda se compró por $800 millones de pesos. Quien era el dueño, utilizó la mitad de ese dinero (es decir, $400 millones) para adquirir un inmueble de propiedad de la esposa de Filies.
El entonces denunciante y hoy diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme, sostuvo que “este informe valida las denuncias presentadas por parlamentarios y Cores respecto de un proceso que, según el organismo Contralor, no se ajustó a derecho y vulneró principios esenciales de probidad administrativa”.
Riquelme fue más allá y apuntó a que, tras la resolución de la Contraloría, “existen fundamentos suficientes para iniciar las acciones institucionales necesarias para solicitar la destitución del Gobernador Regional”.
“No se justifica el trato directo”
En concreto, lo dictaminado por el ente contralor establece que el Gobernador Flies no realizó la licitación pública como lo exige la normativa ni tampoco hubo justificación para hacer la compra por trato directo.
El informe también apunta a irregularidades en el proceso de selección del inmueble, inconsistencias en las tasaciones comerciales, ausencia de estudios técnico-económicos que justificaran la decisión adoptada y antecedentes que podrían comprometer el principio de probidad administrativa.
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