Se explicó que las víctimas tenían que trabajar recolectando turba, dormían en un recinto guarnecido solo con material plástico, en donde no hay conexión telefónica, ni internet, como tampoco servicios básicos, por lo mismo, debían asearse y realizar sus necesidades básicas a campo abierto, bañándose y lavándose en las frías aguas de un riachuelo.
El jueves inició el juicio oral en contra de Jaime Tomás Cabrera Almendra, a quien se le imputa el delito de trata de personas con fines de trabajos forzados, en calidad de reiterado, tras ser acusado de obligar a un grupo de haitianos a realizar labores en paupérrimas condiciones en Puerto Natales.
Las víctimas serían ocho personas mayores de edad, quienes llegaron los primeros días de enero de 2018 a la capital de Magallanes desde Santiago, según publica El Pingüino.
De acuerdo a los antecedentes de la causa, por orden del imputado, otro ciudadano haitiano, Jameson Sant Fort, captó a un grupo de compatriotas necesitados de regularizar su situación migratoria en Chile, para ser llevados hasta Puerto Natales, donde debían prestarle servicios para él, previa compra de pasajes aéreos.
En Punta Arenas, las víctimas fueron recibidas y trasladadas por el imputado hasta Puerto Natales. No obstante, la acusación indica que el hombre les retuvo sus pasaportes y les indicó que la alimentación e indumentaria para trabajar serían descontadas del sueldo.
El imputado luego trasladó a las víctimas al kilómetro 10 de Villa Renoval, el que no se encuentra urbanizado, pasándoles un recinto guarnecido solo con material plástico, denominado comúnmente como “rancha”, en donde no hay conexión telefónica, ni internet, como tampoco servicios básicos de luz, calefacción, alcantarillado y locomoción a Puerto Natales.
La acusación dice que estas condiciones obligaban a las víctimas a mantenerse aislados, asearse y realizar sus necesidades básicas a campo abierto, bañándose y lavándose en las frías aguas de un riachuelo.
De esta forma, aparentemente, las víctimas debían ejercer el trabajo de recolección de turba y almacenarlos en sacos, cuya cuota mínima para recibir el pago era de 30 unidades. No contaban con la indumentaria necesaria, tampoco ropa de abrigo suficiente.
Asimismo, se asegura que los haitianos recibían $500 pesos chilenos por cada saco, a diferencia de los trabajadores chilenos, quienes recibían entre $700 y $1000. Las víctimas estaban presionadas a producir, puesto que, en caso contrario, no se les haría contrato, y, por tanto, serían expulsadas del país.
Las acusaciones de trabajos forzados contra trabajadores haitianos
Considerando las condiciones antes mencionadas, se dice que la jornada laboral comenzaba a las 07:00 de la mañana y finalizaba a las 20:00 horas, sin descanso intermedio y de lunes a domingos, sin tener días libres, cuando el clima lo permitía.
De igual modo, los trabajadores haitianos dormían en el lugar, en una choza plástica, quedando expuestos al frío y condiciones insalubres.
Dados los descuentos que les hacía el empleador, por concepto de fotocopias, fotografías, zapatos de trabajo, comida no perecible, y el propio traslado de todos ellos desde Santiago a Puerto Natales, quedaron finalmente con una suma de dinero por remuneración muy ínfima a lo esperado por las víctimas, se indicó.
El 1 de febrero de 2018 los haitianos firmaron un contrato con Joseth Contreras Agüero, exconviviente del imputado, quien figura como representante legal de la empresa del mismo nombre.
El documento se encontraba en español, por lo que la acusación asevera que las víctimas no lo entendieron el documento, pues solo hablan el idioma creole, pero igualmente lo firmaron porque necesitaban tramitar su visa de trabajo.
Finalmente, el 15 de marzo de 2018, el imputado les hizo firmar un finiquito y otros documentos que estaban escritos en español, no recibiendo pago alguno por las labores realizadas.
El término de la relación laboral se produjo, puesto que las condiciones climáticas hacían imposible que los ciudadanos haitianos siguieran trabajando, lo que los obligó a pedir ayuda, denunciando su situación con la colaboración de una tercera persona.
En la audiencia, el imputado se defendió afirmando que las víctimas sí entendían el español, asegurando que conversó en muchas ocasiones con ellos, también dijo que se entregó indumentaria suficiente para realizar su trabajo y pernoctar en el lugar.
Cabe destacar, que en la acusación, el Ministerio Público solicita que se dicte la pena de 10 años de cárcel.
