El Juzgado de Garantía de Punta Arenas ordenó que el sujeto de iniciales O.G. fuese enviado a prisión preventiva luego de ser acusado de abusar sexualmente de dos sobrinas de su esposa cuando tenían 6 y 7 años años de edad, respectivamente.
Los abusos contra la primera víctima comenzaron el 2008, cuando la niña iba los fines de semana a pernoctar en su casa. Ahí, le habría tocado su zona genital y ella habría sido forzada tocar las partes íntimas del imputado. Los hechos se habrían reiterado en la casa de la abuela. Las agresiones cesaron en 2013.
Cuatro años después, habría comenzado a abusar de la hermana menor de su primera víctima cuando tenía 6 años, bajo la misma dinámica: la habría atacado cuando la niña dormía en su casa. Esos hechos cesaron en 2018.
El año siguiente, una de las hermanas manifestó los abusos ante sus padres. De acuerdo con la Fiscalía, ellos no decidieron denunciar a las autoridades “al tratarse de una situación de índole familiar”.
Sin embargo, el 2020 el individuo comenzó a ser investigado. El tribunal de familia supo los antecedentes y remitieron la denuncia a la Fiscalía de Puerto Natales.
El 8 de abril pasado el imputado declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI). Aunque su versión presenta contradicciones con la investigación del Ministerio Público, reconoció haber hecho tocaciones a las víctimas.
“Nunca tuve la intención de hacerles daño”, dijo.
A partir de una orden de detención, los funcionarios policiales lo detuvieron en la mañana del sábado pasado. Ese mismo día, la Fiscalía le comunicó que sería investigado por dos delitos: abuso sexual a menor de 14 años en carácter de reiterado y abuso sexual impropio.
Como medida cautelar, el fiscal Fernando Dobson solicitó al tribunal que impusiese la prisión preventiva. “La necesidad de cautela se funda en que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, dijo.
La defensa argumentó que la prisión preventiva era excesiva, pues el imputado había colaborado con la justicia al prestar declaración. Además, argumentaron que la investigación ya estaba lo suficientemente avanzada para decretar una privación de libertad.
Sin embargo, el juez Juan Villa se inclinó por la posición de la Fiscalía. Para justificar su decisión de enviar al imputado al Complejo Penitenciario de Punta Arenas, consideró especialmente la gravedad de la pena asignada al abuso sexual.
La investigación se extenderá por los próximos dos meses. El Ministerio Público ya tiene autorización del tribunal para registrar el domicilio donde se habrían cometido los delitos.
