La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, condenó a presidio perpetuo al teniente coronel en retiro del Ejército Marco Antonio Rubén Rodríguez Olivares, por su responsabilidad como autor de 17 homicidios calificados perpetrados en octubre de 1973 en las Termas de Chihuío, en la comuna de Futrono, región de Los Ríos.
Las víctimas eran campesinos y trabajadores forestales del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, entre ellos un adolescente de 17 años, Fernando Adrián Mora Gutiérrez.
Además de la pena, y pese a tratarse de una sentencia de primera instancia, la magistrada ordenó el ingreso del condenado a prisión y permanecer privado de libertad mientras avanza el proceso. La resolución consideró la gravedad de los hechos y la cuantía de la condena.
Presidio perpetuo para exmilitar por matanza de Chihuío
De acuerdo con los antecedentes establecidos en la investigación, desde septiembre de 1973 comenzaron las detenciones arbitrarias de trabajadores y campesinos de la zona, en el marco de la persecución política desplegada por la dictadura.
El 9 de octubre de ese año, una comitiva de aproximadamente 90 efectivos de los regimientos de Caballería N° 2 Cazadores y de Artillería Motorizada N° 2 Maturana, ambos con guarnición en Valdivia, se trasladó hasta Futrono y sectores rurales aledaños.
El operativo contempló la detención de trabajadores en Futrono, Curriñe y Chabranco. En algunos casos, las víctimas fueron entregadas a los militares por funcionarios de Carabineros, mientras que otras fueron detenidas directamente durante el recorrido de la comitiva.
Los 17 campesinos y trabajadores forestales fueron trasladados hasta las Termas de Chihuío, donde permanecieron amarrados con alambres en dependencias de la casa patronal de un fundo.
Durante la noche del 9 de octubre fueron sacados del lugar y conducidos hasta un sector boscoso ubicado a unos 500 metros del inmueble. Allí, según estableció la investigación, fueron ejecutados mediante ráfagas de fusilería.
Los cuerpos permanecieron varios días en el lugar y posteriormente fueron enterrados clandestinamente en tres fosas comunes. Años más tarde, los restos fueron removidos por terceros no identificados, con el propósito de hacer desaparecer las evidencias del crimen.
Las posteriores diligencias arqueológicas y judiciales permitieron encontrar fragmentos óseos, vestimentas y objetos personales de las víctimas. Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible establecer el paradero de los restos removidos ni entregar a sus familias la posibilidad de darles sepultura.
En la sentencia, la magistrada condenó a Marco Antonio Rubén Rodríguez Olivares a la pena de presidio perpetuo por su responsabilidad como autor de los homicidios calificados de: Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Neftalí Rubén Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Rubén Vargas Quezada, y del menor de 17 años, Fernando Adrián Mora Gutiérrez.
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