La Corte de Apelaciones de Valdivia en la región de Los Ríos dejó fuera a la Seremi de Seguridad Pública de la investigación por comercialización ilegal de productos del mar que dejó a más de 50 detenidos.
En un fallo unánime de tres votos contra cero, la Segunda Sala de dicho tribunal confirmó la determinación del 9 de junio del Juzgado de Garantía de Valdivia de no admitir la querella del organismo de Gobierno.
Éste buscaba ser parte de la investigación por el caso que dejó 56 imputados, incautación de vehículos, documentos bancarios, dinero y otros elementos para el comercio ilegal de grandes volúmenes de recursos del mar, y que consideran que fue perpetrado por una asociación ilícita.
Dejan fuera a Seremi de Seguridad de investigación por comercio ilegal de productos del mar en Valdivia
Para los órganos de Justicia, la querella es inadmisible por falta de legitimación activa, como lo explicó el abogado defensor de uno de los imputados, Mauricio Obreque.
“Le dicen al Ministerio de Seguridad: ‘Oiga, su querella ni siquiera cumple con los mínimos como para poder ser admitida y para considerarlo a usted legitimado para actuar en esta causa"”, indicó.
Agregando: “Eso no significa que la causa se vaya a quedar sin persecutor. La Fiscalía es la que sigue la investigación, la que la ha llevado desde el año 2024 en adelante, y la va a continuar hasta el final. Solamente que este interviniente, que es el Ministerio de Seguridad, que es un interviniente político, quedó fuera“.
El abogado Mauricio Aguilera, que representa a una docena de otros imputados, sostuvo que los hechos investigados no son aquellos que alteran el orden público, siendo por ello, además, el rechazo a la querella.
“No son hechos que afectan la seguridad pública y no son delitos contemplados en leyes donde se habilita a los querellantes para ejercer esta acción judicial”, señaló
“Entonces, desde ese punto de vista, creemos que es muy importante establecer de que si bien la problemática es grave, no es una problemática de seguridad pública, no es una problemática de balas, de armas, sino que, sencillamente, es una problemática de venta ilegal de pescado”, detalló.
En tanto, el seremi de Seguridad Pública, Juan Agustín Meléndez, aseguró que en este caso se trata de una asociación ilícita que operaba contrariamente a lo que sentenció la justicia, acatando igualmente el fallo.
“La posición siempre ha sido que los fallos de los tribunales se respetan, no necesariamente uno puede estar compartiendo el fundamento, pero sí se respeta absolutamente, porque así es el sistema en un Estado de derecho”, expresó.
No obstante ello, siguió, “nosotros queríamos participar en esta investigación, especialmente porque se trata de una asociación ilícita. No compartimos nunca el criterio del Tribunal de Garantía que señala que se trata de una asociación criminal que operaba en secreto, y que ello no altera el orden público. Nosotros tenemos una interpretación absolutamente distinta”.
La autoridad aseguró que no bajarán los brazos y seguirán interponiendo querellas que, como organismo de Gobierno, entienden que están dentro de la legitimización activa que les entrega la ley de Seguridad Pública.
Según puntualizó, más aún cuando, para este caso, la abogada de la repartición se debió enfrentar a 14 abogados de los imputados en la Corte, debiendo analizarse el fallo para, en el futuro, fundamentar de otra forma.
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