Este martes, el Presidente de la República, José Antonio Kast, nombró a Francisco José Achurra González como nuevo superintendente de Educación Superior, tras ser elegido a través de Alta Dirección Pública.
Tras un proceso en el que participaron más de 300 postulantes, el abogado de la Universidad Diego Portales y máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de Los Andes fue escogido para el cargo, que quedó vacante tras la salida de José Miguel Salazar.
Recordemos que la salida de la otrora autoridad generó cuestionamientos desde la oposición, al ocurrir cuando se afinaban sanciones por una investigación respecto de sobresueldos en la Universidad San Sebastián, estando entre los involucrados nombres como Marcela Cubillos, el exfiscal Manuel Guerra y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.
Al respecto, Squella sostuvo que “es solo mala leche lo que yo veo detrás de esas publicaciones en las redes sociales, porque tratan de igualar condiciones que son totalmente distintas”; remarcando que “meten dentro de la información a personas que se sabe que tenían sueldos muy altos; por supuesto, el caso de uno no es ni la mitad ni un tercio, y no lo declaran”.
El perfil del nuevo superintendente de Educación Superior
El Ejecutivo, en tanto, aludió a que la salida de Salazar se debió a un proceso de evaluación de jefaturas y, ahora, presentó a su sucesor.
Achurra González se ha desempeñado durante casi 30 años prestando asesorías a entidades públicas y privadas en materias regulatorias, corporativas, judiciales y de cumplimiento normativo (compliance), ejerciendo por más de 15 años funciones de jefatura y dirección de equipos de trabajo multidisciplinarios.
Entre junio de 2019 y febrero de 2023 se desempeñó como fiscal de la Superintendencia de Educación Superior, formando parte del equipo responsable de implementar dicha entidad de control.
Cabe destacar que la Superintendencia de Educación Superior es un organismo público creado por la Ley N° 21.091, sobre Educación Superior, orientado a fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del país. Asimismo, debe fiscalizar que estas destinen sus recursos a los fines que les son propios, de acuerdo con la ley y sus estatutos.
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