La Contraloría ordenó un sumario al municipio de Corral, por no entregar información sobre denuncias en la casa edilicia.
La Contraloría instruyó un sumario en contra de la Municipalidad de Corral, señalando que la administración comunal no respondió las observaciones de un informe y tampoco entregó información respecto a una serie de denuncias.
Ciudadanos, parlamentarios y concejales realizaron denuncias para que la Contraloría investigue diversas situaciones al interior de la Municipalidad de Corral.
Así, el organismo comenzó a solicitar información respecto a la contratación de personas y la desvinculación de funcionarios. Esperan desde 2022 que la administración comunal entregara los antecedentes.
Sin embargo, Contraloría señaló que la Municipalidad de Corral “ha incumplido reiteradamente lo ordenando (…) omitiendo dar respuesta o respondiendo con evidente retardo”.
Uno de los que solicitó información fue el concejal de la centro derecha, Claudio González, quien dijo que pidió conocer procesos de contratación de personal y desvinculación de funcionarios.
El edil lamentó la situación que, afirmó, golpea fuertemente a la comuna. Además, señaló que el alcalde habría dejado a cargo de estas solicitudes al administrador municipal.
“Es una situación que se ha venido dando desde hace mucho tiempo (…) lamentablemente no hubo agilidad en las respuestas correspondientes”, enfatizó González.
El alcalde de Corral, Miguel Hernández, reconoció la medida que instruyó la Contraloría y respondió que también ordenó un sumario interno para dar con los responsables.
Son 11 los requerimientos que se realizaron a Contraloría para conocer diversas situaciones al interior de la municipalidad de la comuna puerto, entre estas, la falta de respuesta a un informe del organismo que levantó 12 observaciones en 2021.
También hace mención a un oficio de este año “a través del cual se representó nuevamente la ilegalidad de las bases administrativas” para la licitación de la recolección de residuos y aseo de calles, entre otras, lo que se subsanara lo observado.
Además, la Contraloría señala que producto de todo lo anterior “ha significado un obstáculo al ejercicio de las facultades que el ordenamiento jurídico entrega” al organismo y que eso dificulta u obstruye “la debida atención a consultar, solicitudes y reclamos”.
