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La Contraloría Regional de Los Lagos detectó un desorden financiero de $3.700 millones en la Municipalidad de San Pablo, tras una auditoría que abarcó enero de 2024 a junio de 2025. Se encontraron movimientos no respaldados ni registrados en nueve cuentas municipales, sin claridad sobre el origen y destino de los fondos.
La Contraloría Regional de Los Lagos detectó un grave desorden financiero por cerca de $3.700 millones en la Municipalidad de San Pablo tras una auditoría.
La revisión abarcó el período entre enero de 2024 y junio de 2025, y analizó cómo se manejaron los recursos municipales tanto en ingresos como en gastos.
Según el informe, existen movimientos de dinero en nueve cuentas municipales, los que no están bien respaldados ni correctamente registrados en la contabilidad.
Contraloría detecta desorden financiero millonario en Municipalidad de San Pablo
Esto significa que no hay claridad suficiente respecto al origen de algunos recursos, ni respecto a en qué se gastaron. Por esta razón, la Contraloría dio un plazo de 60 días para que el municipio corrija varias de las irregularidades detectadas.
La auditoría fue solicitada por el actual alcalde, Marco Carrillo, quien asumió en diciembre de 2024 y pidió estas revisiones para conocer el verdadero estado financiero del municipio tras dos períodos de la administración anterior.
Otra situación detectada es que exfuncionarios, incluido el exalcalde Juan Carlos Soto, aún tenían autorización para girar dinero desde las cuentas del municipio a pesar de ya no estar en funciones.
Se hallaron, además, múltiples fallas durante 2024, tales como atrasos en ajustes presupuestarios, deudas no registradas, falta de conciliaciones bancarias, informes entregados fuera de plazo y un endeudamiento de corto plazo mal gestionado.
Por último, Carrillo aclaró que no hay pérdida ni robo de recursos públicos, sino un desorden administrativo acumulado durante años, indicando que se está trabajando para corregir estas fallas.
Asimismo, indicó que la Contraloría continuará investigando para determinar posibles responsabilidades administrativas.
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