Un funcionario del Complejo Penitenciario de Puerto Montt fue detenido por el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, tras una denuncia de la propia institución por ingresar elementos prohibidos al recinto penal.
La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por Gendarmería al Ministerio Público, que instruyó al Departamento de Investigación Criminal (Dicrim) realizar distintas técnicas investigativas para establecer la veracidad de los hechos al interior de la cárcel de Puerto Montt.
El jefe del Dicrim, coronel Luis González Báez, explicó que se logró vincular al funcionario -correspondiente a un suboficial Mayor- con el delito de infracción a la Ley de Drogas. Asimismo, establecieron que habría ingresado celulares al interior del Complejo de Alto Bonito.
“Se logra establecer que el funcionario que se encuentra detenido, se encontraba vinculado a la infracción a la Ley 20.000. Es decir, tráfico de drogas, ingreso de sustancia ilícita al interior del complejo; e infracción a la ley que guarda relación con el ingreso de aparatos electrónicos al interior del referido recinto”, afirmó el uniformado.
“Gendarmería en este último año ha logrado desarrollar un Sistema Nacional de Investigación Criminal, no solo radicado en la región Metropolitana, sino que también creando distintas oficinas regionales de investigación criminal y oficinas de seguridad interna en las regiones del país”, añadió.
El funcionario fue detenido en las inmediaciones del terminal de buses de Puerto Montt, en coordinación con Carabineros del Departamento OS7, y luego fue formalizado por el Ministerio Público.
Paralelamente, Gendarmería abrió un sumario administrativo, decretando la suspensión y desvinculación del funcionario, informó la institución en un comunicado.
Por su parte, el fiscal Rodrigo Oyarzún, de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Los Lagos, afirmó que “respecto del funcionario de Gendarmería, se decretó la prisión preventiva”.
Lo anterior, según Oyarazún, porque “entendía el Tribunal que su libertad es un peligro para la sociedad”.
Finalmente, la justicia decretó un plazo de 120 días para la investigación respectiva.
Revisa aquí el comunicado de Gendarmería de Chile:
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