La Contraloría develó una serie de faltas administrativas en las acciones fiscalizadoras que competen a la Superintendencia de Servicios Sanitarios sobre empresas de agua potable y saneamiento. Entre ellas, la falta de “formalidades para iniciar un procedimiento sancionatorio”.
Fue a través de “una auditoría al cumplimiento de las fiscalizaciones que le competen a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) sobre empresas concesionarias de Servicios de agua potable y saneamiento”, que la Contraloría develó una serie de faltas en su informe final.
Entre los hallazgos que se evidenció está la inexistencia de un manual de fiscalización y sistema integrado; carencia de formalidades para iniciar un procedimiento sancionatorio; ausencia de un procedimiento para el seguimiento de instrucciones y/o observaciones realizadas a sanitarias.
A las principales conclusiones, -que deben ser corregidas en un plazo de 60 días-, se suma que, en 5 fiscalizaciones realizadas durante 2018 a la empresa sanitaria Essal S.A., se observó que la SISS no generó el oficio, ni su envío a la empresa sanitaria, en el cual constan y se evidencian las anomalías identificadas en las inspecciones en terreno, por lo que en definitiva, no instruyó sobre los aspectos que se debían regularizar, ni indicó los plazos para informar sobre ello.
En cuanto a la función sancionadora, se verificó en 6 recursos de reposición presentados por compañías sanitarias de distintos puntos del país, la falta de evidencia de la participación y pronunciamiento del Comité de Sanciones.
Se comprobó que la SISS no dispone de documentación donde conste la ejecución de alguna acción de seguimiento o verificación posterior, respecto de las respuestas entregadas por las empresas sanitarias a una fiscalización.
Respuesta de SISS
Radio Bio Bio contactó a comunicaciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, donde indicaron que varias observaciones ya fueron corregidas y otras están en vías de corrección.
Eso sí, afirmaron que las brechas mencionadas no tiene ningún efecto en los procesos sancionatorios pasados -como el proceso en curso contra ESSAL, por el derrame de hidrocarburos en el suministro en julio del 2019-, ya que son temas de índole administrativos e internos de la Superintendencia, y se referirán una vez avancen los procesos.
Cabe señalar que la indagación surgió en respuesta a los hechos denunciados por interrupciones en el suministro de agua potable por parte de algunas empresas sanitarias durante 2019, así como por una denuncia efectuada pasado el corte del suministro de agua en Osorno, por los senadores Ximena Órdenes, Guido Girardi y Alfonso De Urresti.
Revisa los resultados de la auditoría realizada por el órgano contralor:
