El municipio de Puerto Octay deberá cancelar cincuenta millones de pesos a cuatro funcionarios que demandaron a la entidad por despido injustificado tras alcanzar un acuerdo extra judicial.
De esta manera, el proceso judicial iniciado en el Juzgado de Letras del Trabajo llegó a su fin.
Los cuatro demandantes fueron cesados de las funciones en las que se desempeñaron por años luego del cambio de administración comunal, que pasó de Carlos Mancilla (DC) a María Elena Ojeda (UDI).
Los afectados alegaban en la acción judicial, por tutela laboral y vulneración de derechos fundamentales, que se les discriminó políticamente, por lo que también interpusieron una reclamación en Contraloría, la cual terminó por ordenar su reincorporación al municipio de Puerto Octay.
Además, la resolución llegó un tiempo antes del comienzo de las audiencias en el Juzgado del Trabajo, según explicó Cristian Moreira, uno de los demandantes.
Probablemente la resolución potenció aún más la causa, por lo que el acuerdo habría sido la última salida parta evitar pagar una suma superior, si es que el Tribunal fallaba en contra del ayuntamiento lacustre y le ordenaba cancelar indemnizaciones.
Para Moreira, tal como otros casos que están siendo resueltos por el organismo, la situación de Puerto Octay debe hacer reflexionar a los municipios respecto a las desvinculaciones por motivaciones políticas, pues finalmente generan deudas y afectan el patrimonio comunal, además de vulnerar derechos laborales.
Finalmente, explicó que la suma a pagar será repartida proporcionalmente, además de existir una comisión para el abogado que los representó y negoció el acuerdo.
