Un nuevo revés judicial sufrió el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, luego que la Corte Suprema de justicia rechazó dos recursos de amparo presentados por su defensa.
El máximo tribunal de justicia rechazó las acciones legales presentadas por el defensor del ministro Mesa, las que buscaban dejar sin efecto la resolución adoptada por la jueza de Garantía, Marcia Castillo Monjes, que declaró admisible dos querellas presentadas en contra del ministro por el delito de prevaricación imprudente.
La información la entregó la abogada Carla Fernández, quien ha presentado las cuatro acciones legales en contra del ministro Mesa en representación de exfuncionarios del Ejército, condenados en causas de violaciones a los Derechos Humanos.
“La Corte Suprema dijo que no y lo hizo de manera unánime. Hoy ese mismo ministro enfrenta cuatro querellas admitidas por prevaricación imprudente, por las sentencias que dictó en las causas El Polvorín y el Regimiento Húsares de Angol, porque la independencia judicial protege la libertad de juzgar, no blinda al que juzga mal. En Chile, nadie está sobre la ley y tampoco está quien la aplica, y menos está quien es capaz de presentar un recurso de amparo como superior jerárquico contra una jueza de garantía”, afirmó Fernández.
Cabe recordar que estos recursos de amparo fueron presentados por el defensor penal público regional, Humberto Serri, ante la Corte de Apelaciones de Temuco y luego que todos los ministros del tribunal de alzada se inhabilitaron para conocer de los recursos, estos fueron enviados a la Corte de Apelaciones de Valdivia, que también los rechazó y luego de eso se recurrió a la Corte Suprema de Justicia.
En este caso hay una investigación abierta que lleva la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.
El ministro Álvaro Mesa Latorre fue designado en forma extraordinaria para investigar las causas de violaciones a los Derechos Humanos en el sur del país.
La prevaricación imprudente ocurre cuando una autoridad, juez o funcionario público dicta una resolución manifiestamente injusta debido a una negligencia grave o ignorancia inexcusable.