Presidio perpetuo simple a hombre que mató a su pareja en Victoria: atacó a víctima frente a sus hijas

La justicia condenó a presidio perpetuo simple a un hombre, autor del femicidio de su pareja, a quien apuñaló en frente de sus hijas menores de edad en 2024 en Victoria, región de La Araucanía.

Los hechos se registraron el 30 de enero de ese año, cuando Gonzalo Pailahueque Hualla llegó hasta el domicilio que compartía con Ruby Queipul Licán, mientras ella se encontraba en el living de la vivienda.

Una vez en el lugar, el hombre se acercó a la víctima con un cuchillo que utilizó para propinarle múltiples puñaladas en distintas partes del cuerpo, incluyendo la espalda, cuello y tórax.

Así lo confirmó el fiscal Aldo Osorio, indicando que el ahora condenado apuñaló a la víctima “reiteradamente en su espalda, tórax anterior, rostro, causándole la muerte al interior del domicilio que ambos compartían en la comuna de Victoria, hecho ocurrido en la en presencia de dos hijas comunes menores de edad. Todo ello fue dado por acreditado por el Tribunal, que impuso en definitiva al imputado la pena de presidio perpetuo simple”.

El Ministerio Público indicó que, en el momento de los hechos, el hombre continuó agrediendo a la mujer cuando ya se encontraba en el suelo.

Además, la brutal agresión ocurrió cuando las dos hijas menores de edad, que en ese entonces tenían 14 y 9 años, respectivamente, se encontraban en la vivienda.

Producto de las heridas sufridas, entre ellas una herida penetrante cardíaca, Ruby Queipul Licán falleció horas después en el Hospital de Victoria.

En el juicio, la Fiscalía solicitó la pena de presidio perpetuo calificado. Sin embargo, el tribunal resolvió imponer presidio perpetuo simple, considerando acreditada la agravante de haber cometido el delito en presencia de las hijas de la víctima.

Además de la pena de cárcel, el condenado quedó sujeto a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos.

Asimismo, también deberá permanecer bajo vigilancia de la autoridad durante diez años una vez cumplida la condena, informar periódicamente su domicilio al tribunal, siendo además incorporado al Registro Nacional de ADN de Condenados.