En libertad quedó el ingeniero constructor que fue formalizado por el delito de fraude tras la falsa promesa en la venta de viviendas de lujo que jamás se construyeron en Temuco, en la región de La Araucanía.
La audiencia de formalización se realizó en el Juzgado de Garantía de Temuco, donde la jueza Viviana García acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó contra el acusado la medida cautelar de firma y prohibición de salir del país.
Víctimas pagaron entre 30 y 90 millones de pie por las viviendas
De acuerdo con la investigación, el imputado ofrecía la venta de inmuebles en un lujoso condominio que jamás se construyó en un predio del sector Trañi-Trañi, en Temuco. En total, fueron 10 las víctimas que pagaron cifras entre 30 y 90 millones de pesos en la promesa de venta.
El fiscal Luis Torres detalló que la investigación comenzó hace dos años con la presentación de querellas por parte de los afectados y destacó que “el tribunal dio por acreditada la existencia de este delito, que es un fraude de falsa promesa de venta de un inmueble”.
Sobre las cautelares con las que quedó el imputado, explicó que se tuvo en consideración que tiene irreprochable conducta anterior.
Las acciones legales fueron presentadas contra el representante de la Inmobiliaria Santa Eugenia SPA, que ofrecía a través de redes sociales y contacto persona a persona el proyecto Parque Condominio Arrebol, que estaría conformado por 68 casas, cuyo valor superaba los 600 millones de pesos.
Una de las afectadas en este caso es la médico Fernanda Corsini Bravo, quien dio un pie de 96 millones de pesos para tener su casa. El abogado que la representa y es querellante en esta causa, José Martínez, lamentó que el tribunal no acogiera la solicitud de arresto domiciliario total para el ingeniero.
Pese a ello, aseguró estar conforme con la formalización, ya que “quedó claro el modus operandi y la forma de comisión del delito, y la cantidad de víctimas que han sido perjudicadas con el actuar del imputado de esta causa”.
Perjuicio es cercano a los 600 millones de pesos
La Fiscalía y las víctimas tienen la convicción de que el ingeniero constructor nunca tuvo la intención de cumplir con la construcción de la casa de 5 dormitorios, 5 baños y servicios, generando un perjuicio para las víctimas cercano a los 600 millones de pesos.
El imputado es representado por el defensor penal particular, abogado Rolando Franco, quien ha sostenido que esta situación se generó por la pandemia y que siempre la idea de su representado ha sido pagar la deuda que tiene con algunos querellantes en este caso.
La jueza de Garantía, Viviana García, decretó un plazo de 5 meses para desarrollar esta investigación, donde los querellantes han pedido congelar parte de los bienes del ingeniero y su familia, para evitar que sean vendidos o transferidos.
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