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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Las tasas de desempleo continúan en alza, registrando 40 meses consecutivos sobre el 8%, incluso superando el 9% en el último trimestre. La desocupación femenina alcanza el 10,5%, lo que ha impulsado al Gobierno a trabajar en una agenda laboral de mayor flexibilidad y adaptabilidad. Se evalúa una reforma en el Ministerio del Trabajo sobre indemnizaciones laborales, contemplando una cotización adicional al Seguro de Cesantía del 1,8% del salario total para un fondo de cesantía. La propuesta ha generado opiniones divididas, con la Cámara de Comercio de Santiago apoyándola por menores costos laborales, mientras que sindicatos como la CUT la ven como un retroceso en derechos laborales.

Las tasas de desempleo siguen al alza. De hecho, ya son 40 meses con cifras sobre el 8% e, incluso, en el trimestre febrero-abril superaron el 9%.

En el caso de la desocupación femenina, el panorama es aún más complejo, alcanzando el 10,5%.

En este contexto, el Gobierno está trabajando en una amplia agenda laboral, orientada a una mayor flexibilidad y adaptabilidad, dos conceptos que estuvieron presentes durante la campaña de Kast y que hoy se consolidan como ejes centrales.

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Así, una de las reformas que se analizan en el Ministerio del Trabajo, encabezado por Tomás Rau y que ha generado mayor polémica en la ciudadanía, tiene que ver directamente con las indemnizaciones laborales.

Entre las fórmulas que se han evaluado está la posibilidad de que los empleadores aporten una cotización adicional al Seguro de Cesantía, de modo que, al finalizar la relación laboral, el trabajador pueda cobrar estos fondos, cualquiera sea el motivo, denominándolo como una indemnización a todo evento.

De esta forma, esta cotización extra correspondería a un 1,8% del salario total, pagada mensualmente y destinada directamente a este fondo de cesantía.

Al respecto, la recepción de esta reforma ha tenido matices. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, indicó que se trata de una propuesta positiva.

Sobre todo porque, a su juicio, traería menores costos para contratar trabajadores, protección real ante el desempleo y mayor libertad en la movilidad laboral.

Mientras tanto, el vicepresidente de la asociación Conapyme, Héctor Sandoval, señaló que es una buena propuesta, pero que debe existir un balance específico respecto de cómo se implementará en las pymes.

Principalmente, en relación con cómo este nuevo costo adicional podría ir en desmedro del empleo formal y favorecer la contratación irregular.

Por otro lado, el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Leonel Sepúlveda, fue enfático en que esta modificación implicaría un retroceso en derechos laborales.

Apuntando a que se traduciría en una mayor facilidad de despido para las empresas, sin una protección adicional para los trabajadores.

Con todo, fue el propio secretario de Estado quien aseguró que están estudiando la iniciativa presentada. No obstante, advirtió que se trata de una discusión compleja y que no estará exenta de controversias.