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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Comisión Nacional de Acreditación rebajó la acreditación de la Universidad de La Frontera de 6 a 5 años, perdiendo su excelencia académica, debido a problemas financieros. La institución presentó un recurso que fue rechazado, por lo que recurrirán al Consejo Nacional de Educación.

En septiembre, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) rebajó de 6 a 5 años la acreditación de la Universidad de La Frontera, casa de estudios estatal de la Región de La Araucanía que vive el momento más complejo de su historia, golpeada por problemas financieros y siguiendo un plan de ajuste supervisado por la Superintendencia de Educación Superior.

Una determinación que implicó que la UFRO perdiera su excelencia académica, ubicándose en un nivel de “avanzada”, por lo que presentó un recurso de reposición, el cual fue rechazado por la CNA.

La situación fue lamentada por Ximena Briceño, secretaria de la Asociación Gremial de Académicos y Académicas, que señaló que esto impacta a la casa de estudios.

Tenemos las condiciones para tener la acreditación de seis años, independiente de la situación de crisis, económica que estábamos viviendo. En el informe de autoevaluación, nuestros criterios son de excelencia (…) el haber perdido el año impacta a la universidad”, señaló a La Radio.

Sin embargo, en su afán por recuperar la excelencia académica, la Universidad de La Frontera emitió un comunicado firmado por el rector Juan Manuel Fierro, informando que recurrirán, a una última instancia, al Consejo Nacional de Educación para revisar lo dictaminado por la CNA.

En paralelo a esto, la institución de educación superior informó que en cumplimiento de su trabajo, la Contraloría iniciará una investigación relacionada con cometidos nacionales y al extranjero realizados por académicos en diferentes periodos, que en algunos casos han sido cuestionados por los altos viáticos percibidos, señalando que permitirá fortalecer los estándares de transparencia del sistema público.