Mauricio Ojeda todavía no sale de la cárcel pese a que se revocó la prisión preventiva

El desaforado parlamentario por La Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo, no ha podido abandonar la cárcel de Temuco, pese a que el viernes el tribunal cambió la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total.

El congresista se encuentra acusado por el delito de fraude al fisco en la arista Manicure del caso Convenios.

El pasado viernes, el Juzgado de Garantía de Temuco determinó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva que el desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo cumple en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, en la región de La Araucanía.

La magistrada Marcia Castillo Monjes dejó al parlamentario con las cautelares de arresto domiciliario, arraigo nacional y fijó una fianza de 40 millones de pesos por peligro de fuga. Ante la resolución, varios medios de comunicación llegaron hasta el frontis del penal de Temuco para esperar la salida del diputado, pero en un hecho insólito jamás abandonó el recinto penitenciario.

Juez pidió informe a intervinientes

El abogado defensor de Ojeda, Raúl Pérez Cofré, explicó que el juez de garantía de turno, Federico Gutiérrez, debía enviar el oficio a Gendarmería donde se decretaba el cambio de cautelar de su defendido, pero el magistrado, antes de tomar una decisión, solicitó informes a los intervinientes, situación administrativa que ha impedido que el congresista pueda salir del penal.

A esto se suma que el defensor de Ojeda ingresó la tarde del viernes un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones para revertir la situación. Si bien el tribunal de alzada lo declaró admisible, le solicitó un informe al juez de Garantía Federico Gutiérrez para que explique por qué tomó esa decisión y le dio 48 horas para que evacúe el oficio para luego resolver el recurso de amparo, explicó el abogado Raúl Pérez Cofre.

La Fiscalía ya presentó acusación en contra de Mauricio Ojeda Rebolledo por el delito de fraude al fisco reiterado y está solicitando una pena de 19 años de presidio en la arista Manicure del caso Convenio, donde se indaga el destino de 730 millones de pesos transferidos desde el Gobierno Regional a las fundaciones Folab y Educc.