Cristobal Escobar | Agencia UNO
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"Las características de este error desde mi punto de vista es inaceptable y tiene que haber responsabilidades", así de tajante reaccionó el Presidente Gabriel Boric a la falla que derivó en que la Corte de Apelaciones de Temuco excluyera al Gobierno como querellante en la causa derivada por la Fallida Operación Huracán.
El Presidente Gabriel Boric calificó de un error “inaceptable” que el Gobierno quedara fuera como querellante en la causa derivada por la fallida Operación Huracán, en la región de La Araucanía.
Esto, luego que la Corte de Apelaciones de Temuco declarara inadmisible un recurso presentado por la Unidad Jurídica del Ministerio del Interior, donde pretendían revertir la decisión del Juzgado de Garantía que los dejó fuera al no corregir la acusación del caso.
En concreto, fue el 12 de mayo de este año, cuando la jueza de Garantía en Temuco, Marcia Castillo Monjes, resolvió dejar fuera de la causa al Ministerio, luego que el abogado Luis Iván Martínez, el mismo que se quedó dormido y no alcanzó a presentar la acusación en la causa por el asesinato del suboficial Francisco Benavides, informara que no corregiría la acusación tal como se le había ordenado en audiencia.
“Tiene que haber responsabilidades”
Ante eso, el Presidente Gabriel Boric indicó que “el caso de la Operación Huracán es una investigación seria y grave contra funcionarios civiles y policiales por malversación de documento público e imputaciones a comuneros mapuche con pruebas falsas. Eso es gravísimo”.
Por ello es que Presidencia instruyó agotar instancias legales para revertir la resolución de la corte.
“Las características de este error desde mi punto de vista es inaceptable y tiene que haber responsabilidades. Lo conversaré con la ministra (Izkia Siches) para evaluar dónde se cometió ese error”, añadió el mandatario, insistiendo que “van a tener que asumir su responsabilidad sin lugar a dudas”.
Fallida Operación Huracán
Esta investigación, a cargo de la Fiscalía Regional de Coyhaique, fue ingresada ante la Justicia el 15 de enero del año 2018.
Se trató de un operativo policial iniciado bajo la Ley de Inteligencia, que en 2017 derivó en la detención de ocho comuneros, a quienes se les acusaba de participar de una asociación ilícita terrorista.
Eso, hasta que en 2018, el Ministerio Público informó que se habrían manipulado las pruebas para incriminar a los comuneros.
