El Gobierno decidió invocar la Ley de Seguridad del Estado en contra de quienes resulten responsables del ataque que sufrió la noche de este jueves la subestación eléctrica El Palomar en la comuna de Copiapó, región de Atacama.
Producto de la situación, más de una decena de vehículos propiedad de la Empresa Eléctrica de Atacama (perteneciente al grupo CGE) resultaron quemados.
Hasta ese lugar habría llegado un grupo de desconocidos alrededor de las 21:00 horas del jueves, quienes gritando consignas en contra del Gobierno y Carabineros ingresaron al recinto rompiendo el cierre perimetral.
Sumado a la quema de vehículos de la compañía y empresas contratistas, los sujetos también incendiaron las oficinas administrativas, donde destruyeron aparatos eléctricos y robaron una cantidad aún indeterminada de computadores.
En este contexto, el Ministerio del Interior presentó ante el Juzgado de Garantía de Copiapó una querella donde se considera que los hechos descritos representan un riesgo para la seguridad interior de nuestro país.
Además de hacerse parte en la investigación, el abogado Carlos Flores, en representación del Ejecutivo, propone que el Ministerio Público instruya un acabado peritaje al lugar siniestrado y solicite los informes técnicos a Bomberos.
En paralelo, se pide que se citen a declarar a los funcionarios policiales que trabajaron en el lugar.
El ataque a la subestación eléctrica se da justo en medio de la discusión en el Congreso de una ley que impulsa el Gobierno, con el fin de que se autorice a funcionarios de las Fuerzas Armadas el resguardo de la denominada infraestructura crítica, dentro de las cuales se incluye a los centros de distribución de electricidad.
