La Compañía Minera Maricunga, filial de la minera canadiense Kinross Gold Corporation, presentó una demanda contra la Comunidad Río Jorquera y sus Afluentes en la comuna de Tierra Amarilla, de la región de Atacama, exigiéndoles la devolución de $285 millones.
Según detalló La Tercera, la minera argumentó en un escrito presentado el pasado 13 de diciembre que la comunidad actuó de “mala fe” en el contexto de las negociaciones que han sostenido por años, respecto de las cuales los colla acusan a la empresa de usurpación de aguas.
La empresa, en tanto, demanda que se le restituyan $285 millones que entregó a la comunidad de cerca de 100 personas en “bienes inmuebles” como parte de un proceso de servidumbre minera que debía ser ratificado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
La historia se remonta a mediados de 2011, cuando surgieron controversias en torno a la titularidad de la minera para acceder, ocupar y transitar parte de los predios en manos de la comunidad, en medio de lo cual la empresa construyó un bypass en el camino público hacia un campamento de su propiedad, además de una denuncia de los indígenas por usurpación de agua ante la Fiscalía Regional de Copiapó.
Fue el 30 de diciembre de 2013 que se acordó, mediante un contrato, la millonaria transacción que ahora reclama la minera. En éste, se convino la constitución de servidumbres de ocupación y tránsito sobre el ancho de la ruta C-611, junto al avenimiento de las denuncias ya mencionadas.
El dinero fue recibido por la comunidad, según confirmó su presidente Roberto Carlos Salinas, quien asimismo aseguró que la compañía omitió en su demanda revelar una garantía refrendada por la Conadi en noviembre de 2014 por $500 millones, los cuales no habrían pagado.
El dirigente acusó a la empresa de usar “clandestinamente una propiedad que no era de ellos. Se lucraron de tierra indígena. Ellos usurpan y contaminan tierras indígenas. Son meros arrendatarios y más encima vienen ahora a demandar”.
Cumplido el plazo hacia mediados de 2016, las condiciones del acuerdo no se habrían cumplido al no conseguirse las autorizaciones necesarias, fecha en la cual tampoco se acordó una nueva prórroga.
Por su parte, Maricunga se defiende exigiendo la restitución de los dineros de forma íntegra, reajustados y con intereses, acusando la “mala fe” de la comunidad al retener el dinero. Insistió, por tanto, a la Justicia que se apliquen los intereses corrientes a la deuda desde la fecha en que venció la condición suspensiva, indicó el medio.
Todo esto se suma al conflicto surgido en mayo del 2017 tras el derrame de petróleo en Quebrada del Carrizo, en el campamento del Rancho del Gallo de la minera.
