El Primer Juzgado de Letras de Calama admitió a trámite la denuncia que interpuso el Colegio Médico Veterinario (Colmevet) contra dos especialistas que inocularon a cerca de 100 personas con vacunas de uso canino como tratamiento para el coronavirus.
La vacuna utilizada fue la llamada “óctuple”, que es diseñada para combatir microorganismos que atacan la salud de canes, por lo que podría provocar alergias y otros daños.
“Expusimos los hechos constitutivos de nuestro reclamo ético, pero de forma anonimizada y abstracta a nuestro Tribunal de Ética Nacional, quien nos indica que todo lo expuesto sugiere una conducta contraria a la ética profesional y nos recuerda también que es un deber ético de los dirigentes del Colmevet la de realizar lo que corresponda frente a casos de menoscabo y desprestigio profesional”, señaló Diego Gallegos, abogado de Colmevet.
“Por esto, hicimos la presentación al tribunal de Calama, porque en el caso de la inoculación de personas con vacuna óctuple canina, tenemos la convicción que los médicos veterinarios involucrados transgredieron la ética profesional gravemente, experimentando en humanos, además de ofender a nivel nacional la reputación de la profesión médico-veterinaria”, agregó.
Todo comenzó en abril de 2020, cuando uno de los profesionales, de iniciales C.P.C, quien es dueño de una veterinaria en la comuna, publicó un informe llamado “Inmunización cruzada con vacuna coronavirosis canina como tratamiento preventivo en seres humanos con riesgo de contagio y desarrollar la enfermedad por coronavirus Covid-19”.
Dicho documento, según detalla un sumario que emprendió la Seremi de Salud de Antofagasta, habría sido distribuido por el hombre en grupos de veterinarios de Calama, y en él afirmaba que en Argentina existían antecedentes exitosos contra el covid-19 mediante la aplicación de la vacuna canina en humanos.
Lo anterior fue confirmado por el médico veterinario, quien se autoinoculó, sin embargo, la Seremi recalca que el involucrado, si bien aceptó haber provisto de vacunas a los interesados, 37 aproximadamente, negó haberlas aplicado.
El 8 de octubre nuevamente el Gobierno en la zona recibió denuncias, esta vez, de una segunda clínica veterinaria que también ofrecía la vacuna y que además violaba diversas medidas sanitarias, lo cual fue fiscalizado por funcionarios de la Inspección del Trabajo.
Ya el 4 de noviembre, se inició un sumario contra la clínica San Lorenzo. Según el expediente del lugar, la veterinaria M.F.M reconoció los hechos y sostuvo que, al igual que su colega, se había autoadministrado la vacuna óctuple, sin embargo, también negó inocular a terceros.
El asesor legal del Colegio de Médico Veterinario asegura que “necesitamos esta sentencia para protegernos y poder rechazar la afiliación de estos profesionales. Agregar a lo anterior, que si se colegian tampoco podríamos juzgarlos por hechos anteriores a la afiliación, por lo que resulta inaceptable que exista impunidad, incluso en materia ética, respecto de la experimentación en humanos”.
