El lunes 3 de julio una angustiada madre concurrió junto a sus dos hijos hasta las oficinas de la Policía de Investigaciones de Tocopilla. Las quemaduras -de tercer grado- en el cuerpo de ambos hombres respaldaban la denuncia que los llevó hasta el lugar. Antes de que el personal policial los trasladara con apuro al hospital, Juan y José, ambos peruanos, alcanzaron a decir que fueron víctimas de una golpiza y del incendio de su casa en la Playa Quebrada Honda de la ciudad.

El hecho tuvo poca cobertura en los medios nacionales y casi pasó inadvertido, pero la prensa extranjera lo abordó. El diario británico The Guardian tomó el tema para referirse a “un cada vez más acalorado debate sobre el reciente aumento de la migración en Chile“; la prensa Peruana ha dado cobertura total al hecho y, basada en las declaraciones de la familia, habló directa e indirectamente de xenofobia.

Sin ser aún concluyente, el trabajo policial comienza a entregar respuestas: el conflicto de fondo, lejos de migraciones y racismo, apunta a una actividad comercial carente de regulación, que se presta para que impere la ley del más fuerte.

El millonario negocio de la exportación de algas

A través de muchos barcos, el comercio chileno exporta huiro y otras algas a países asiáticos o europeos donde son comprados por las industrias farmacéutica, cosmética y alimenticia. Negocio redondo que al igual que otros -como el cacao- escondería paupérrimas condiciones de quienes lo sostienen al inicio de la cadena.

La falta de legislación y regulación al respecto permite que decenas de pescadores y cultivadores acuícolas establezcan improvisadas zonas de manejo para la extracción de estos productos, facilitando los conflictos entre uno y otros.

A esta actividad se dedicaban, hace 5 años, los hermanos Juan Nelson Jiménez Ninaja (37) y José Luis Díaz Ninaja (24), quienes ahora se encuentran recuperándose -en el hospital de Antofagasta- de las quemaduras de tercer grado que afectan hasta un 50% de sus cuerpos.

La versión de la familia

Fiorela Jiménez Ninaja ha sido vocera de la familia peruana y ha dado su versión de los hechos a medios peruanos, sin embargo, declinaron entregar su testimonio a BioBioChile, indicando que a ellos, después de todo lo sucedido, les cuesta confiar.

Sin perjuicio de lo anterior, Jiménez Ninaja asegura que sus hermanos llevaban meses bajo amenazas y hostigamientos para que dejaran el lugar y la actividad alguera. Afirma que ellos fueron golpeados y quemados tras arrojarles algún tipo de combustible, en un acto que ha calificado como xenófobo.

“Ante las amenazas decidieron retornar a Tacna y cuando retiraban sus pertenencias de su casa prefabricada, una turba los atacó y luego les rociaron combustible”, habría narrado a América TV.

Los hechos, la investigación y el vuelco

Mientras la familia Ninaja denunciaba en la PDI su versión de los hechos, un joven, que ellos acusaron como culpable, se encontraba en Carabineros haciendo lo propio.

Ante la necesidad de aclarar los confusos incidentes, el jefe de la Bicrim de Tocopilla, subprefecto Edgar Silva Soumastre, señaló a BioBioChile que se pidieron peritos a Iquique y Antofagasta. El personal realizó diligencias fotográficas, planimétricas, químicas y mecánicas en el lugar de los hechos.

Las conclusiones, que ya fueron entregadas al fiscal Andrés Godoy Rojas -y que descartan por ahora motivaciones xenofóbicas- señalan que en base al trabajo pericial -como la detección de los acelerantes usados- se estableció que los propios ciudadanos peruanos habrían iniciado el fuego, resultando quemados a raíz de éste.

Sin embargo, confirmó el subprefecto, la PDI tiene en curso aún la orden de investigar el delito de incendio y lesiones respecto a estos hechos.