Desde la UDI, Pablo Longueira se pronunció sobre la controversia que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de los decretos de rebaja de penas, y marcó una distinción entre la responsabilidad política del secretario de Estado y los argumentos jurídicos para impulsar una acusación constitucional en su contra.
A través de una declaración, Longueira fue categórico al sostener que Rabat incurrió en un “grave error político” al dictar los decretos y que, por lo mismo, “corresponde que asuma dicha responsabilidad; debe hacerlo”.
Sin embargo, el exministro estableció un límite frente a la ofensiva de la oposición y apuntó directamente a los diputados de su partido, señalando que pueden tener libertad para cuestionar la actuación de Rabat e incluso solicitar su salida, pero no para respaldar una acusación constitucional.
“Los diputados UDI podrán tener libertad para considerar o no un error político la actuación del ministro, solicitar o no al Pdte. su renuncia, pero no para votar favorablemente una acusación constitucional”, sostuvo.
En esa línea, Longueira argumentó que la acción constitucional carecería de fundamentos jurídicos, citando las opiniones de distintos juristas y las resoluciones mayoritarias de la Corte Suprema.
“Distintos juristas de diversos signos políticos, unidos a las resoluciones mayoritarias de la Corte Suprema, han dejado claro que no ha existido ningún acto del Ministro que infrinja la Constitución o la ley”, afirmó.
Por ello, hizo un llamado a los parlamentarios a no prestarse para una acusación que, a su juicio, no tiene sustento jurídico. Además, cuestionó que este mecanismo se utilice como una herramienta de disputa política y no como un instrumento de carácter constitucional.
“No podemos seguir normalizando la AC como un instrumento político y no jurídico”, enfatizó.
En su declaración, el histórico militante también apeló a los principios fundacionales de la colectividad, recordando que Jaime Guzmán creó la UDI como un partido respetuoso de la institucionalidad, la ley y el Estado de Derecho.
En ese contexto, llamó a sus correligionarios a no replicar lo que calificó como prácticas de la izquierda cuando ejerce como oposición. “Nosotros no podemos actuar de la misma forma que la izquierda y menos colaborarle a debilitar nuestra institucionalidad”, planteó.
“Los diputados UDI podrán tener libertad para considerar o no un error político la actuación del ministro, solicitar o no al Pdte. su renuncia, pero no para votar favorablemente una acusación constitucional cuyo objetivo para la izquierda es destruir nuestra Constitución”, escribió.
Finalmente, Longueira insistió en que las diferencias de interpretación jurídica no constituyen, por sí solas, una infracción a la ley y advirtió sobre el riesgo de debilitar la institucionalidad mediante el uso de acusaciones constitucionales sin fundamento.
“En este caso, incluso pueden haber legítimas divergencias de interpretación jurídica, pero ello es propio del derecho y en ningún caso se puede entender como infracción de ley”, concluyó.
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