El senador Diego Ibáñez (FA) ingresó un proyecto de ley que modifica la llamada “Ley del Mono”, con el objetivo de que a los negocios o pymes de barrio y a las organizaciones sociales que administran sedes se les facilite usar el procedimiento simplificado de regularización.
La Ley N° 20.898, vigente desde 2016, permite obtener en un mismo trámite el permiso de edificación y la recepción definitiva de construcciones que no los tienen. Pero su Título II, el de las microempresas inofensivas y el equipamiento social, quedó fuera de la prórroga de 2019 y solo volvió en 2022. Durante cerca de tres años, según el legislador, los negocios de barrio y las organizaciones comunitarias no tuvieron cómo regularizarse.
Además, hoy, según Ibáñez, solo el dueño puede pedir la regularización, lo que deja fuera a gran parte de las sedes sociales del país. Por eso, una de las medidas centrales del proyecto permite que juntas de vecinos, clubes deportivos y otras organizaciones sin fines de lucro que ocupan terrenos municipales o fiscales en comodato presenten ellas mismas la solicitud.
El senador por la región de Valparaíso sostuvo que “la Ley del Mono se pensó para las familias, los almacenes y las juntas de vecinos, pero en la práctica las trabas burocráticas han dejado afuera justamente a quienes más la necesitan”.
“Hay sedes que los vecinos levantaron y que hoy no pueden postular a fondos porque no pueden regularizarse, y amasanderías que llevan años sin patente definitiva. Con este proyecto queremos que la ley sirva de verdad, sin bajar ni un solo estándar de seguridad”, afirmó.
Proyecto promete evitar multas cuando el trámite está en curso
Una vez ingresada la solicitud, el municipio deberá dar una patente provisoria al negocio o pyme barrial, que pasará a ser definitiva si se aprueba la regularización. El proyecto también protege a quienes inician el trámite, pues mientras esté en curso, no se podrán aplicar multas, clausuras y demoliciones por no tener permiso, salvo que haya riesgo para las personas.
La iniciativa obliga a la Dirección de Obras Municipales (DOM) a hacer todas sus observaciones de una sola vez, y da 60 días hábiles para corregirlas. El certificado sanitario se podrá presentar después de ingresar la solicitud. Además, la definición de equipamiento social nombra de forma expresa a los clubes deportivos, los centros culturales y las sedes de organizaciones de personas mayores.
“Muchas veces el problema no es cumplir con la norma, sino el laberinto de trámites. Que la DOM haga todas sus observaciones de una vez, que el emprendedor pueda tener patente provisoria y que nadie sea multado por ponerse al día es de sentido común”, agregó el parlamentario.
La iniciativa complementa el proyecto que se discute en la Comisión de Vivienda del Senado, que actualiza la fecha de corte, las superficies y los plazos de la ley. Las solicitudes que hoy estén pendientes podrán acogerse a las nuevas normas sin volver a presentarse.
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