Las recientes declaraciones del canciller argentino Pablo Quirno respecto a la navegación del buque de bandera chilena Danstar hacia las islas Falkland/Malvinas constituyen una señal diplomática inaceptable que exige una respuesta categórica del Estado de Chile.

Pretender condicionar el tránsito marítimo a una autorización previa de Buenos Aires no es un mero trámite administrativo: es un intento por vulnerar el régimen jurídico que rige la convivencia austral y desconocer obligaciones internacionales vigentes.

Chile ha sido históricamente respetuoso de la posición argentina en su diferendo de soberanía, y comprende el celo respecto de los recursos naturales de la zona. Sin embargo, esa controversia bilateral con un tercero no faculta a Argentina para arrogarse atribuciones sobre la libre navegación ni para restringir garantías que ambos países suscribimos solemnemente.

El ordenamiento jurídico binacional es taxativo y no admite interpretaciones antojadizas. El artículo V del Tratado de Límites de 1881 consagra a perpetuidad la libre navegación del estrecho de Magallanes, mientras que el artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad de 1984 impone a la República Argentina la obligación perentoria de mantener expedita, y libre de todo obstáculo, la navegación de buques de todas las banderas a través de sus aguas jurisdiccionales hacia y desde dicho estrecho.

La hermandad entre Chile y Argentina se sostiene sobre el cumplimiento irrestricto de la palabra empeñada, jamás mediante la imposición de permisos arbitrarios que los tratados proscriben.

No vamos a permitir que un derecho soberano, consagrado en instrumentos internacionales perpetuos, sea degradado a una simple concesión graciosa sometida a la voluntad discrecional de otro Estado.

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Asimismo, desde mi rol fiscalizador en materias estratégicas y de resguardo fronterizo en la Comisión de Defensa Nacional, advertí sobre la gravedad de sentar precedentes lesivos para el interés nacional.

El derecho internacional prima sobre cualquier normativa doméstica. Una cosa son las potestades internas de cada nación, y otra muy distinta es pretender que una regulación unilateral prevalezca por sobre un tratado binacional. El Estado de Chile tiene el deber ineludible de no solicitar autorizaciones que jurídicamente no corresponden, pues ceder en las formas hoy significa hipotecar nuestros derechos estratégicos y nuestra proyección austral mañana.