El Primer Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los siete funcionarios de la PDI y un civil formalizados por diversos delitos ligados a corrupción y narcotráfico cometidos mediante una presunta organización criminal.
Según constató La Radio, el juez sostuvo que había antecedentes suficientes para acreditar, con un estándar de probabilidad, la participación de los ocho detenidos, entre ellos siete policías suspendidos, uno que renunció hace una semana y un civil.
Los imputados enfrentaron cargos por asociación ilícita, malversación de caudales públicos, tráfico ilícito de drogas, receptación aduanera, tenencia ilegal de armas y municiones, falsificación de instrumentos públicos y obstrucción a la investigación.
Además de la medida cautelar más gravosa, aplicada por ser un peligro para la seguridad de la sociedad y de la investigación, se estableció un plazo de investigación de 180 días.
Cabe señalar que la defensa de los involucrados hoy quedó en manos de la Defensoría Penal Pública. No obstante, hay defensores privados que asumirán la representación de los imputados.
Fiscalía tras prisión preventiva para funcionarios de la PDI y civil detenidos
Respecto a la investigación de quienes son en su mayoría policías de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puente Alto, el fiscal Marcelo Soto, de la Fiscalía Occidente, recalcó que la investigación se mantiene bajo reserva.
El persecutor indicó que la investigación lleva alrededor de un año y que aún faltan diligencias por realizar por parte del Ministerio Público.
“Hay un contrabando de cigarrillos, un tema relativo a tráfico y todo se refiere precisamente a quedarse con parte de los procedimientos en los cuales se vinculaban”, confirmó el fiscal Soto.
Sobre la eventual participación de otros involucrados, Soto dijo que “también es secreto de la investigación”. Esto se debe a que aún quedan muchas diligencias.
“Tenemos mucho material incautado, hubo muchos hallazgos que se realizaron el día de ayer en las entradas y registros, no solo en la Bicrim correspondiente, sino en los domicilios respectivos”, señaló el persecutor.