«Nadie come cultura en Chile», afirmó el dirigente camionero Jaime Asmussen al proponer eliminar el Ministerio de las Culturas para enfrentar el alza de los combustibles. La frase falla literalmente, pero acierta al exigir prioridades. Cuando las familias no llegan a fin de mes, el Estado debe explicar por qué ciertos gastos parecen intocables.
De la cultura lucran artistas, técnicos y trabajadores que merecen cobrar por su labor. Y hay otros beneficios que son más difíciles de defender, como el del exdirector de la Corporación Cultural de Las Condes quien percibía cerca de $8 millones mensuales y recibió un finiquito de aproximadamente $240 millones en 2023. El municipio sostuvo que se pagó con ingresos propios, aun así, cuesta justificar semejante privilegio en una entidad sostenida principalmente con fondos municipales.
La Ley 21.045 creó un ministerio con dos subsecretarías y autoridades regionales, reorganizando funciones que ya ejercían el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Dibam. Cultura y patrimonio existían antes del ministerio. Su defensa debe demostrar qué resultados adicionales produjo la nueva estructura versus cuánto cuesta mantenerla.
El presupuesto inicial de 2026 destinó $527.326 millones a Culturas, incluidos $108.748 millones en personal. El proyecto para 2027 propone $440.518 millones, todavía sujetos a tramitación. Es una reducción que apoyo, pero corresponde revisar cada programa, cada contrato y cada transferencia.
Quillota ofrece un ejemplo. Para la Expo 2026 se adjudicaron $400 millones a Carola Henríquez Producciones por producción integral, artistas, soporte técnico y transmisión por Mega. Ese monto cubría el conjunto del servicio. La propuesta contemplaba difusión de la comuna y exclusividad audiovisual para Megamedia. La denuncia de Fuerza Ciudadana pedimos esclarecer qué recibió el municipio por esos derechos. Porque a simple vista fue solo gasto, que no cubre el hecho de aparecer en televisión.
La etiqueta “cultural” no concede inmunidad presupuestaria y esta exigencia también rige para municipios y gobiernos regionales: quién cobra, cuánto cobra y qué entrega a cambio. Recordemos que hasta la pornografía no la vendieron a título de “cultura”.
Cabe recordar que la Contraloría ha advertido sobre el uso reiterado de la imagen del alcalde en la publicidad municipal y que ningún edil debe convertirlos en propaganda personal pagada por sus vecinos.
En efecto, vemos como de la Cultura se come y come muy bien, basta con revisar por ejemplo que justo por el abuso de la etiqueta “cultura” el 2026, la Fundación Salvador Allende quedó sin asignación presupuestaria. Sin embargo, la otra Fundación de la misma familia, Arte y Solidaridad, administradora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, obtuvo un convenio por $728.309.000: $68.112.000 más que en 2025, y pese que hasta el día de hoy solo han rendido un 8,02% de los $592.136.000 entregados el 2024.
Cualquier Junta de Vecinos estaría siendo perseguida penalmente, pero aquí hay un motivo noble: cultura, además de un buen apellido. Por lo que se le han seguido dando traspasos para que sigan comiendo con el dinero del pueblo.
Las bibliotecas, el patrimonio y la formación artística producen beneficios que la taquilla no siempre captura. Eso puede justificar apoyo público, sujeto a objetivos y evaluación. La falta de rentabilidad tampoco concede un derecho al subsidio eterno. Si una institución pide dinero cada año, debe explicar su aporte y qué hace para financiarse por otras vías. La austeridad se mide en gastos que se terminan, privilegios que se eliminan y recursos que se destinan a necesidades prioritarias.
Sí, de la cultura se come y algunos comen bastante bien. Pero la propuesta que se intuye del dirigente es la eliminación del ministerio, lo que me parece no solo defendible, sino que necesario en tanto signifique un ahorro efectivo y no sea solo cambiar un letrero, repartiendo los mismos cargos entre otras oficinas.
Enviando corrección, espere un momento...
