El Congreso despachó a ley a las 22:04 el proyecto para contener el alza de los combustibles. La Sala del Senado aprobó en general este lunes la iniciativa con 33 votos a favor.
La iniciativa establece medidas excepcionales y transitorias para contener las alzas de los combustibles y aliviar los costos de las empresas de transporte de carga. El proyecto contempla un impacto fiscal estimado de $820 mil millones.
El texto fija una disminución de $40 por litro en las gasolinas y de $140 en el diésel. Hacienda comprometió mesas de trabajo para abordar las demandas de pescadores artesanales, agricultores y habitantes de zonas extremas.
La iniciativa surgió tras las movilizaciones de camioneros de la semana pasada. El proyecto continuará su tramitación legislativa con el objetivo de que las rebajas comiencen a reflejarse en los precios este jueves.
Congreso despacha proyecto que congela precios de combustibles
El debate comenzó cerca de las 19:45 horas, con discusión inmediata. Durante la sesión se entregaron los antecedentes sobre los efectos previstos para el jueves.
La propuesta busca mitigar el incremento de los precios internos de los combustibles, en respuesta al alza extraordinaria de sus cotizaciones internacionales.
Para ello, contempla mecanismos transitorios de ajuste de precios y modificaciones a la recuperación del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga.
“Techos temporales a los precios”
De acuerdo con el Senado, la iniciativa establece “techos temporales a los precios” de las gasolinas y del petróleo diésel hasta abril de 2027, revirtiendo alzas recientes para proteger los “presupuestos familiares” y las “actividades productivas”.
Introduce un “alivio financiero para el transporte de carga y pasajeros”, modificando el tratamiento de los montos negativos del impuesto específico e incrementando transitoriamente los porcentajes de recuperación y reintegro de peajes.
Sobre el financiamiento fiscal requerido para implementar estas medidas excepcionales el mensaje precisa que provendrá de los activos del Tesoro Público, garantizando la “sostenibilidad de las finanzas del Estado”.