Bárbara es venezolana, tiene 35 años y hace seis que vive en Chile, donde nació uno de sus hijos. Tres veces por semana se conecta a una máquina de diálisis. Para optar a un trasplante de riñón, primero debía hacerse los exámenes que definen si puede recibir un órgano. No alcanzó a empezar. Bárbara es un nombre ficticio para resguardar su identidad.
El 9 de abril pasado, una enfermera del Hospital Sótero del Río la llamó para comenzar el estudio pre-trasplante. En esa misma llamada, según un registro del propio hospital, le explicaron que debía presentar su documentación al día para iniciar el proceso.
No era la primera vez que se encontraba con este problema. Según el recurso del INDH, en abril de 2025 el Hospital de La Florida le dijo que no podía acceder al programa de pre-trasplante por “no contar con cédula vigente”.
Consultado por la Unidad de Investigación de Bío Bío, el Instituto de Salud Pública (ISP), organismo a cargo de la lista de espera nacional, señaló que “no existe ninguna prohibición legal ni reglamentaria que impida el inicio del estudio clínico pre-trasplante”, y que los exámenes dependen de los criterios clínicos de cada centro asistencial.
La residencia, explicó, es un requisito para “el acto administrativo posterior que es la inscripción formal en la lista de espera”.
El Sótero, en cambio, la exigió antes de los exámenes, aunque ninguna de las normas que citó ante la Corte ni a este medio lo establece para esa etapa.
La versión del hospital
Desde el Sótero del Río explicaron que, para estos estudios, se basan en el artículo 26 del reglamento de la ley de trasplantes y en un memorándum de la División Jurídica del Ministerio de Salud de 2022, que establecen “criterios de residencia para el ingreso al Registro Nacional de Potenciales Receptores”.
A ese argumento, el hospital agregó ante la Corte que la residencia es necesaria para el seguimiento médico que requiere un paciente trasplantado.
El recinto, además, calificó lo ocurrido como una “postergación temporal” y aseguró que “la medida no tuvo como finalidad excluir definitivamente a la paciente del programa”.
Sin embargo, esas normas hablan del ingreso a la lista de espera. No establecen que el paciente deba tener residencia para comenzar los exámenes.
El mismo memorándum que cita el centro asistencial reconoce que la ley de trasplantes “no distingue la condición de permanencia en Chile” y además menciona que, según la Ley de Migración, los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular tienen acceso a la salud “conforme a los requisitos que la autoridad de salud establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales”.
Las alternativas para acceder a un trasplante
Bárbara, en su situación, podría optar a un trasplante por dos vías. Pero la única forma de llegar a ellas son los exámenes.
La primera es un registro especial. Una guía técnica del Ministerio de Salud, aprobada en 2022, establece que los pacientes extranjeros no residentes “ingresarán y se listarán en un registro especial ordenado por fecha de ingreso a solicitud del centro de trasplante”.
Aunque solo pueden recibir un riñón cuando no haya un paciente chileno o residente compatible, la norma no los excluye. De hecho, según el ISP, a septiembre de este año cinco extranjeros no residentes habían ingresado a ese registro. Ninguno ha sido trasplantado.
La Coordinación Nacional de Donación, Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos del Minsal confirmó a este medio que la guía “sigue vigente”. También señaló que todos los pacientes pueden acceder a la lista de espera si cumplen con los requisitos de la normativa.
Ante la pregunta de si existe alguna norma que exija residencia para iniciar el estudio pre-trasplante, no mencionó ninguna, y respondió que “el estudio pre-trasplante es parte del ingreso a lista de espera”. Es el mismo estudio que Bárbara no ha podido comenzar en el Sótero.
La otra alternativa es recibir un riñón de un donante vivo, que puede ser un familiar o su pareja. Para eso no necesita ingresar a la lista de espera.
La misma Coordinación del Minsal explicó que para el receptor “no existe limitación expresa porque no se exige ingresar a lista de espera”. Este camino también requiere el estudio pre-trasplante. Consultado por esa alternativa, el Sótero respondió que esos exámenes se rigen por las mismas normas con las que le exigió residencia a Bárbara.
Los estudios necesarios para ambas alternativas también forman parte de las Garantías Explícitas en Salud (GES). El decreto que las regula garantiza el acceso al estudio pre-trasplante a los beneficiarios que cumplan con la normativa sobre trasplantes. En el caso del estudio para ingresar a la lista de espera, además, fija un plazo máximo de 10 meses desde la indicación del especialista.
La norma técnica del Minsal que detalla esa garantía fija como criterio de inclusión tener un diagnóstico de enfermedad renal crónica en etapa 4 o 5, y como criterio de exclusión las contraindicaciones médicas absolutas, como un cáncer activo o una infección no tratada. Entre esos criterios no se menciona la situación migratoria.
Una espera de años
En Chile, el riñón es el órgano más trasplantado, pero también el que concentra la mayor lista de espera. De acuerdo con cifras del ISP, en 2025 se realizaron 377 trasplantes de riñón. Actualmente, 2.396 pacientes esperan un riñón, y la espera promedio es de entre dos y tres años, aunque puede extenderse hasta siete.
Desde la Coordinación de Trasplantes del Minsal precisaron que el trasplante renal busca mejorar la calidad de vida del paciente, pero “no constituye una intervención de riesgo vital inmediato”, ya que la diálisis permite mantenerlo con vida. Agregaron que, si la situación de Bárbara se agrava, podría ser trasplantada de urgencia.
El 20 de mayo, el INDH presentó un recurso de protección a su favor. En él sostiene que “la negativa al acceso del estudio de trasplante basado únicamente en la nacionalidad o el estatus migratorio constituye una discriminación arbitraria”, y pide que se ordene al Sótero iniciar los exámenes y que su situación migratoria no sea un impedimento para inscribirla en la lista de espera.
La causa aún no tiene fallo. En su informe al tribunal, el hospital pidió rechazar el recurso y argumentó, entre otras cosas, que fue presentado fuera del plazo de 30 días.
Mientras tanto, Bárbara sigue conectándose a la máquina tres veces por semana.