El proyecto del Gobierno que busca limitar nuevas alzas de los combustibles hasta fines de marzo de 2027 ya entró en el radar del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo que en diversas ocasiones ha advertido sobre el nivel de deuda del país.
Según el acta de la sesión extraordinaria celebrada por el consejo el 13 de noviembre, el grupo de expertos liderado por Paula Benavides, analicó los antedentes disponibles del proyecto, asegurando que hasta el momento, no pueden evaluar su impacto fiscal.
CFA pone ojo al proyecto del gobierno por los combustibles
El consejo compuesto por Benavides, Sebastián Izquierdo, Marcela Guzmán y Joaquín Vial consideró, sin embargo, recomendable que durante la discusión legislativa “se analicen los riesgos fiscales asociados, bajo distintos escenarios de precios, en el marco de los elementos contenidos en la propuesta legislativa, al igual que el detalle de su financiamiento”.
El CFA dijo sugerir, “asimismo, evaluar medidas para acotar dichos riesgos, por su eventual impacto en el cumplimiento de las metas fiscales”, considerando el panorama geopolítico y que no se puede descartar nuevas alzas del petróleo o que sus precios se mantengan elevados.
El proyecto que limita nuevas alzas de los combustibles y elimina el incremento de la semana pasada, sumando otros $100 de caída en el diésel, surgió por las negociaciones del Gobierno y los principales gremios camioneros en pos de terminar con diversas movilizaciones a lo largo del país.
Así, uno de los aspectos que se tomaron la discusión es el coste fiscal del mismo, considerando la postura del Ministerio de Hacienda de disciplina en el gasto, además de no evitar el traspaso de los precios internacionales del petróleo y los costos globales de refinación.
En un primer término, los anteriores acuerdos habrían dejado un impacto en las arcas fiscales de unos US$500 millones que, con este proyecto final, se habría disparado a US$900 millones según el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler.
Luego, el propio ministro Jorge Quiroz sostuvo que era US$700 millones y finalmente, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos elevó la cifra a unos US$820 millones. Mientras el financiamiento durante 2026 se hará con cargo a la partida del Tesoro Público, en los años siguientes se realizará según la Ley de Presupuestos.