El desempleo en Chile llegó a 9,8% en el trimestre julio-septiembre, según el INE. Para las mujeres la cifra es aún más dura: 10,5%, con un alza de 1,4 puntos en doce meses y muy por sobre el 9,3% de los hombres. Detrás de ese número hay miles de jefas de hogar, muchas a cargo de hogares monoparentales, que sostienen solas el ingreso familiar y las tareas de cuidado, y que cuando encuentran trabajo lo hacen mayoritariamente en los empleos peor pagados del país.

La pregunta es inevitable: ¿por qué este gobierno no logra dar respuesta? La explicación no es técnica, es política.

El proyecto del gobierno de José Antonio Kast es ultraneoliberal y tiene un norte claro: fortalecer la posición del empleador por sobre la de las y los trabajadores. Con esa brújula es imposible enfrentar una crisis de empleo que golpea con más fuerza a quienes tienen menos poder en el mercado laboral, que son precisamente las mujeres.

Basta mirar al Ministerio de la Mujer. Lejos de impulsar una política de empleo femenino, la ministra Judith Marín ha empujado el desmantelamiento de Prodemu. El proyecto de Presupuesto 2027 solo le asigna recursos hasta marzo, junto con fondos para indemnizaciones y gastos de cierre.

Hablamos de una institución con más de 35 años de trayectoria, cuyo objetivo es que las mujeres no queden atrapadas en la pobreza, que cuenten con ingresos propios y accedan a capacitación y oportunidades laborales. Cerrarla en plena crisis no es “ordenar la casa”: es ir directamente contra el empleo femenino. A ello se suma un recorte cercano al 3% en la cartera y el abandono de las mujeres rurales, que no encuentran en este presupuesto programas que se hagan cargo de su realidad.

En el Ministerio del Trabajo el panorama no es mejor. El ministro Tomás Rau prepara una ley miscelánea de “adaptabilidad laboral” que incluye contratos por hora y cambios en el cálculo de la jornada de 40 horas. Todo esto mientras insiste en una meta de 6,5% de desempleo sin explicar cómo llegará a ella. Es decir, la respuesta al desempleo es más precariedad: menos contratos formales, más incertidumbre horaria y salarios fragmentados. Eso no es crear empleo de calidad; es repartir la crisis entre quienes trabajan.

Pero lo más grave es el uso que el gobierno pretende darle al seguro de cesantía. Lo vimos con la sala cuna, cuyo financiamiento se busca resolver reduciendo los aportes empresariales a ese seguro, y lo vemos en las propuestas para reemplazar indemnizaciones o subsidiar contratación con esos fondos. El seguro de cesantía es un derecho de las y los trabajadores, no un voucher ni un botín para subsidiar al empleador. Usarlo como caja pagadora es pedir a los propios trabajadores que financien las soluciones que el Estado y las empresas no quieren asumir.

Una verdadera política de empleo femenino debe partir por reconocer la realidad de las mujeres: la doble jornada, la carga de cuidados, la brecha salarial y la desigualdad territorial. Eso exige un sistema de cuidados con financiamiento público, una sala cuna realmente universal, programas de capacitación y empleo como los de Prodemu fortalecidos y no liquidados, y políticas específicas para las mujeres rurales. Nada de eso aparece hoy en la agenda del gobierno.

El problema del gobierno con el empleo femenino no es falta de diagnóstico, sino de voluntad. El movimiento sindical lleva décadas luchando por empleo digno, con contratos formales, salarios justos y sin precarización. Esa lucha hoy tiene rostro de mujer: el de quienes ocupan los trabajos más precarios, reciben los sueldos más bajos y cargan con el cuidado de sus hogares. El empleo digno para las mujeres no es una concesión del mercado. Es un derecho, y lo vamos a defender.

Karen Palma Tapia
Vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género CUT-Chile

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